La sentencia de los magistrados José Waldir Servín, Agustín Lovera y Natividad Meza se basa en el Art. 252 del Código Procesal Penal que “dispone la revocación de la prisión preventiva, cuando excede los plazos establecidos por el Código, pero si se ha dictado sentencia condenatoria podrá durar tres meses más mientras se tramita el recurso” y que el caso en estudio ni siquiera este último plazo se haya aún a la fecha cumplido, ni mucho menos la pena mínima que pudiera corresponder al acusado.

A esta conclusión llega el colegiado porque la privación de libertad, durante el procedimiento, deberá ser proporcional a la pena que se espera, en ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada hecho punible en la Ley, ni exceder del plazo que fija el Código para la terminación del procedimiento, a no durar más de dos años.

El defensor público de Martínez, Joaquín Díaz, solicitó su libertad porque sostuvo que debe beneficiarse con la libertad porque ya cumplió los 2 años de prisión preventiva, que es el tiempo máximo de prisión de la medida cautelar.

Ya el tribunal de sentencia, conformado por Elsa García, Víctor Medina y María Luz Martínez, confirmó que Osmar Martínez debe seguir en prisión, al declarar improcedente la medida “porque se halla condenado, y a pesar de que la sentencia no se encuentra firme y de encontrarse un poco más de dos años en la cárcel, el Código Procesal Penal dispone que para solicitar la revocatoria de prisión, debe hacerse luego de tres meses de dictada la sentencia”.

LAS CONDENAS

Con relación a este juicio oral y público, el 1 de diciembre del año pasado se condenó a Martínez y Anastacio Mieres, este último ex activista de Patria Libre a 35 años de reclusión (25 años de prisión y 10 años de medidas de seguridad), quienes obtuvieron las penas máximas.

Francisca Andino, igualmente activista del citado partido de izquierda, recibió una condenada de 30 años de encierro (22 de prisión y 8 de medidas).

Por su parte, Roberto Otazú Busto fue condenado a 18 años y 9 meses de prisión y otros 7 años de reclusión como medida de seguridad. El ex policía José Hidalgo, Vaciano Acosta, Pedro Chamorro, Manuel Portillo y Sebastián Osorio igualmente condenados a 18 años y 9 meses de prisión y 6 años de medidas de seguridad.

Aldo Meza fue condenado a 15 años de prisión y Rosalba Jara y Lidia Samudio a pena de 5 años de cárcel.

El hecho comenzó cuando Cecilia Cubas Gusinky, de 31 años, hija del ex presidente de la República Raúl Cubas Grau, fue secuestrada el 21 de setiembre del 2004 y hallada muerta el 16 de febrero del 2005.

El secuestro y posterior homicidio conmocionó a todo el país y tuvo en vela a sus familiares y amigos por casi cinco meses, cuando recibieron la temida noticia y se encontró la macabra fosa que contenía los restos de Cecilia, en una vivienda del barrio Mbocayaty de la ciudad de Ñemby.