"La extinción de causas penales se ha convertido en una forma de impunidad durante mucho tiempo. Las exigencias del nuevo Código Procesal Penal han sido utilizadas, muchas veces, como justificativo para ocultar otras causas reales de esas extinciones, entre las cuales no hay que descartar la ineficiencia o hasta la corrupción en el manejo de las causas", señala el comunicado divulgado por la oficina de prensa de la máxima instancia, que no consta de la firma de ningún ministro.

La Corte señala que la auditoría, a cargo del Lic. Miguel Basualdo, se realizará en forma rigurosa con vistas a revertir los preocupantes niveles de mora judicial.

"La mora judicial no se combate con palabras, sino con actitudes y acciones directas en contra de los que, por desidia o corrupción, pudieran estar permitiendo dicha irregularidad o lucrando con ella", refiere otra parte del comunicado, al referirse a las causas extintas por el transcurso del plazo máximo de duración del proceso.

En el marco de la referida auditoría, el superintendente de justicia Rafael Monzón solicitó a los actuarios suspendidos sin goce de sueldo informes sobre casi un centenar de expedientes.

Según los datos, 45 corresponden al juzgado de garantías Nº 1, a cargo del secretario Roberto Ruiz Díaz; 21 al Nº 2, a cargo de María Elena Cañete; 14 al Nº 3 a cargo de Marcos Ariel Salinas; 7 al Nº 4, a cargo de Carlos Giménez; 5 al Nº 5, a cargo de Karina Caballero y 6 al Nº 6, a cargo de Jorge Zayas.

Ayer, los funcionarios suspendidos prestaron declaración informativa ante la Superintendencia de Justicia, ocasión en que dieron su versión respecto a la tramitación de los casos a su cargo. También ayer, los afectados solicitaron al Consejo de Superintendencia, integrado por Alicia Pucheta, Antonio Fretes y Oscar Bajac, la reconsideración de la suspensión sin goce de sueldo.

Fuentes judiciales indicaron que Karina Caballero estudia la posibilidad de renunciar al cargo, debido a que para disponer su suspensión, la Corte dejó sin efecto el permiso sin goce de sueldo que le había concedido a partir del mes de julio, a los efectos de que pudiera realizar un posgrado en Cuba.