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El proceso abierto contra Juan Ramón Martínez Coronel está encaminado a tener el mismo resultado que el del ex ministro de Justicia y Trabajo, Silvio Ferreira, quien pese a tener condena solo aguarda que la Corte Suprema dicte la prescripción, porque pasaron 10 años desde que culminó su criticada administración.
Ferreira, inclusive, cuenta con el antecedente de estar prófugo durante cinco años. Esto no sucede con el ex intendente lambareño, que sometido al proceso penal utiliza "chicanas" para dilatar ser juzgado en juicio oral y público.
El periodo investigado por el fiscal Arnaldo Giuzzio es de 2002-2006. Ya en diciembre de 2007 se presentó acusación contra Martínez por los delitos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y luego se amplió por exacción.
El fiscal anticorrupción comprobó un perjuicio de G. 2.600 millones con obras viales inexistentes y el cobro de impuestos y multas en una "caja paralela".
Además del ex jefe comunal, fueron acusados en esta causa los funcionarios Luis Martínez, fiscalizador del Departamento de Salubridad; Roberto Romero, cajero; Gerardo Román, visitador; Nicolás Denis y César Martínez, director de Recaudaciones, hermano de Juan Martínez.
Las dilaciones
De acuerdo a los antecedentes, en diciembre de 2007, el juez penal de garantías de Lambaré, Hugo Camé, rechazó la acusación y resolvió que el Tribunal de Cuentas sea el que defina antes la "prejudicialidad".
Giuzzio recurrió y la Cámara de Apelaciones resolvió el 9 de julio de 2008 revocar la "prejudicialidad" (estudio previo del perjuicio) y destrabó el proceso.
La defensa de Juan Martínez llevó a la Corte, que dilató en expedirse un año y siete meses. El 24 de julio de 2008 la máxima instancia recibió el expediente. En noviembre de 2009 (un año después) se consiguió la integración de la sala con los ministros Alicia Pucheta, Oscar Bajac y Víctor Núñez. Recién en febrero de 2010 se resolvió el rechazo de la pretensión de la defensa y se envió a una nueva audiencia preliminar.
Ferreira, inclusive, cuenta con el antecedente de estar prófugo durante cinco años. Esto no sucede con el ex intendente lambareño, que sometido al proceso penal utiliza "chicanas" para dilatar ser juzgado en juicio oral y público.
El periodo investigado por el fiscal Arnaldo Giuzzio es de 2002-2006. Ya en diciembre de 2007 se presentó acusación contra Martínez por los delitos de lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y luego se amplió por exacción.
El fiscal anticorrupción comprobó un perjuicio de G. 2.600 millones con obras viales inexistentes y el cobro de impuestos y multas en una "caja paralela".
Además del ex jefe comunal, fueron acusados en esta causa los funcionarios Luis Martínez, fiscalizador del Departamento de Salubridad; Roberto Romero, cajero; Gerardo Román, visitador; Nicolás Denis y César Martínez, director de Recaudaciones, hermano de Juan Martínez.
Las dilaciones
De acuerdo a los antecedentes, en diciembre de 2007, el juez penal de garantías de Lambaré, Hugo Camé, rechazó la acusación y resolvió que el Tribunal de Cuentas sea el que defina antes la "prejudicialidad".
Giuzzio recurrió y la Cámara de Apelaciones resolvió el 9 de julio de 2008 revocar la "prejudicialidad" (estudio previo del perjuicio) y destrabó el proceso.
La defensa de Juan Martínez llevó a la Corte, que dilató en expedirse un año y siete meses. El 24 de julio de 2008 la máxima instancia recibió el expediente. En noviembre de 2009 (un año después) se consiguió la integración de la sala con los ministros Alicia Pucheta, Oscar Bajac y Víctor Núñez. Recién en febrero de 2010 se resolvió el rechazo de la pretensión de la defensa y se envió a una nueva audiencia preliminar.