El director ejecutivo del Centro Internacional de Estudios Judiciales, CIEJ, Imbert Mereles Leyte, explicó que para llegar a este código, la Corte, en el año 2000, convocó a las instituciones interesadas en el servicio de justicia como el Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados Judiciales y las universidades a una amplia consulta sobre cambios a proponer en los procesos en materias civil y comercial, de familia, laboral y contencioso administrativa. Es así que el 9 de mayo de 2002 se creó el "Grupo consultivo sobre simplificación de procesos" compuesto por delegados de las instituciones convocadas y del Poder Judicial.

El grupo consultivo presentó a la Corte el anteproyecto de código procesal general el 24 de julio de 2003. "La Corte estudio el anteproyecto y con las enmiendas que creyó convenientes lo aprobó en calidad de proyecto de ley. A partir de entonces se vienen realizando presentaciones y debates públicos de dicho proyecto en las diferentes circunscripciones judiciales a través del CIEJ, bajo la dirección del ministro Antonio Fretes y con la colaboración del consultor internacional Hugo Lorenzo", apuntó Mereles Leyte.

Refirió que el objetivo principal es la modernización del sistema judicial fundado en la simplificación y racionalización de los sistemas procesales. El lenguaje del código es sobrio, sintético y objetivo, procura ser un lenguaje sencillo, entendible para los juristas y en lo posible para la población.

"Entre los resultados esperados con este proyecto está la adecuación de la mentalidad y las capacidades profesionales de los operadores del sistema hacia la obtención de los resultados esperados del servicio: resolución pronta y accesible a todos los justiciables", resaltó Mereles.