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Podría quedar impune el colosal perjuicio al Estado paraguayo.
La maniobra para "blanquear" a los acusados comenzó con el cambio de defensor, que hizo el procesado Rodrigo Lezcano. Este dejó fuera al abogado Derlis Céspedes y nombró al letrado Maldonado Páez, quien con su intervención consiguió que la fiscala Rocío Vallejo se apartara de la causa, ya después del segundo intento para hacer la audiencia preliminar en la cual se tenía que decidir si la causa se eleva o no a juicio oral y público.
Maldonado Páez a su vez defiende a Vallejo en el fuero civil, en una demanda que soporta la agente del Ministerio Público en reclamo de una millonaria indemnización. La acción fue impulsada por una persona que fue investigada por Vallejo.
El 6 de diciembre del año pasado, el fiscal adjunto de Delitos Económicos, Carlos Arregui, apartó del proceso a Vallejo y designó en su reemplazo a Liliana Alcaraz, quien el 11 de abril pasado rectificó la acusación que el 27 de junio de 2010, había presentado Vallejo.
En la fiscalía a cargo de Liliana, según las fuentes, entró a "operar" el otro defensor de Lezcano, el abogado Rubén Maciel Guerreño, quien habría sido relator del fiscal adjunto, Marco Alcaraz, hermano de Liliana. Supuestamente, Maciel Gerreño tiene muy buena relación con la fiscala, que rectificó la acusación de Vallejo, durante la audiencia preliminar de la semana pasada.
Sin embargo, el juez Tadeo Fernández se opuso al sobreseimiento provisional y envió el expediente a la Fiscalía General. El titular de dicha dependencia, Rubén Candia Amarilla, envió la causa al fiscal adjunto de Delitos Económicos, Carlos Arregui, quien debe confirmar la acusación o el pedido de sobreseimiento que planteó Alcaraz.
Vallejo, en su acusación señaló que existen suficientes pruebas para llevar a los acusados a un juicio oral.
La agente del Ministerio Público refirió que con la compra de 11 inmuebles se causó un perjuicio de más de G. 11.000 millones a SAS.
Sin embargo, en la audiencia preliminar, su colega Alcaraz argumentó que se tenía que cuantificar en el caso de cada finca cuánto es el perjuicio real.
Es llamativa la separación de Vallejo de la causa y más aún la rectificación de la acusación por su colega Alcaraz.
Ahora todo queda en manos del fiscal Arregui. Por una cuestión de coherencia, según fuentes judiciales, tendría que ratificar la acusación.
Maldonado Páez a su vez defiende a Vallejo en el fuero civil, en una demanda que soporta la agente del Ministerio Público en reclamo de una millonaria indemnización. La acción fue impulsada por una persona que fue investigada por Vallejo.
El 6 de diciembre del año pasado, el fiscal adjunto de Delitos Económicos, Carlos Arregui, apartó del proceso a Vallejo y designó en su reemplazo a Liliana Alcaraz, quien el 11 de abril pasado rectificó la acusación que el 27 de junio de 2010, había presentado Vallejo.
En la fiscalía a cargo de Liliana, según las fuentes, entró a "operar" el otro defensor de Lezcano, el abogado Rubén Maciel Guerreño, quien habría sido relator del fiscal adjunto, Marco Alcaraz, hermano de Liliana. Supuestamente, Maciel Gerreño tiene muy buena relación con la fiscala, que rectificó la acusación de Vallejo, durante la audiencia preliminar de la semana pasada.
Sin embargo, el juez Tadeo Fernández se opuso al sobreseimiento provisional y envió el expediente a la Fiscalía General. El titular de dicha dependencia, Rubén Candia Amarilla, envió la causa al fiscal adjunto de Delitos Económicos, Carlos Arregui, quien debe confirmar la acusación o el pedido de sobreseimiento que planteó Alcaraz.
Vallejo, en su acusación señaló que existen suficientes pruebas para llevar a los acusados a un juicio oral.
La agente del Ministerio Público refirió que con la compra de 11 inmuebles se causó un perjuicio de más de G. 11.000 millones a SAS.
Sin embargo, en la audiencia preliminar, su colega Alcaraz argumentó que se tenía que cuantificar en el caso de cada finca cuánto es el perjuicio real.
Es llamativa la separación de Vallejo de la causa y más aún la rectificación de la acusación por su colega Alcaraz.
Ahora todo queda en manos del fiscal Arregui. Por una cuestión de coherencia, según fuentes judiciales, tendría que ratificar la acusación.