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Posteriormente, por resolución firmada por el consejo del Instituto de Previsión Social en julio de 1997, se aceptó un lote de créditos por un total de G. 29.192.030.328, otorgados por el BNT para reducir el monto del certificado de depósito de ahorros de G. 68.307.969.672 que el IPS tenía en el ente obrero.
Entre las garantías hipotecarias absorbidas por el IPS estaban las correspondientes a los créditos otorgados a la empresa Brisa SRL y al grupo empresarial encabezado por Antonio Ruiz Brizuela, por G. 4.500.907.557 y G. 4.810.437.132, respectivamente.
Ante el incumplimiento en el pago de ambos créditos, el IPS buscó iniciar las gestiones tendientes a ejecutar dichas hipotecas, oportunidad en que se encontró con la sorpresa de que tanto la finca Nº 2.336 como la finca Nº 2.438 de Ñacunday eran fantasmas.
A su vez, los abogados Gustavo Arietti y Cristóbal Cáceres Frutos, querellantes adhesivos en representación del Instituto de Previsión Social, también presentaron su escrito de acusación, en el cual pidieron juicio oral y público para todas las personas acusadas por la fiscalía, por los delitos de estafa y producción de documentos públicos de contenido falso. En su presentación, los letrados ofrecen más de treinta testigos, además de un sinnúmero de documentos que comprueban la responsabilidad de los procesados en la estafa al Estado.
NI PROPIEDADES NI EMPRENDIMIENTOS
El 16 de abril de 1996, Antonio Ruiz Brizuela solicitó un préstamo de G. 6 mil millones al Banco Nacional de Trabajadores con el objeto de reactivar una planta industrial de confecciones denominada Comtexpar con lo que, según la presentación, se posibilitaría la ocupación directa de unas 300 personas en un solo turno, "pudiendo duplicarse esta cantidad de acuerdo a los contratos que firmarían para la provisión de prendas de vestir".
Además de Brizuela, también firman la solicitud sus socias en el referido proyecto, Ana Raquel Gill y Meike Giersepen.
La solicitud acompañó la tasación a la finca Nº 2.336 de Ñacunday, supuestamente realizada en mayo del mismo año por la perito Lilian Heyn de Cáceres.
El 17 de julio de 1996, Daniel Arnaldo Matto y Remigio Arriola Socol, en representación de Brisa SRL, solicitó al BNT un crédito de G. 3.850.000.000 para realizar un proyecto de desarrollo inmobiliario y posterior venta en parcelas de 50 hectáreas, mediante el fraccionamiento de una propiedad de 2 mil hectáreas del distrito de Ñacunday, la finca 2.438. Dicha solicitud acompaña la tasación de la perito Lilian Heyn, realizada el 10 de julio del mismo año.
FISCALA DENUNCIA A CONSEJEROS DEL IPS
La fiscala Elsa María García Hulskamp denunció ante la Fiscalía General del Estado a los consejeros del Instituto de Previsión Social (IPS) que aprobaron la aceptación de la cesión de supuestas garantías hipotecarias sobre los inmuebles fantasma.
Les atribuye responsabilidad por no precautelar los intereses del IPS, pues causaron un perjuicio de G. 9.311 millones a la previsional.
El consejo del IPS de la época de la comisión de los hechos denunciados (julio de 1997) estaba presidido por Mario Luján Melgarejo.
El negociado fue perpetrado al aceptar el IPS la cesión de créditos de parte del BNT como devolución de un paquete de colocaciones financieras. Como componentes del mismo, estaban las garantías hipotecarias sobre las fincas Nros. 2.438 y 2.336 del distrito de Ñacunday, que una pericia topográfica reputó de inexistentes ya que se superponían son inmuebles con ocupantes de más de 20 años y que poseen títulos de propiedad verdaderos.
La fiscala García basa su denuncia en que para aceptar y aprobar la operación, los consejeros del IPS no contaban con los necesarios e indispensables dictámenes legales ni financieros que demostraran la conveniencia de dicha cesión para el IPS; tampoco los denunciados precautelaron el patrimonio previsional.
De acuerdo a la presentación, la fiscala estima que se podría estar en presencia de un hecho punible de defraudación, así como también de frustración de la persecución y la ejecución penal, previsto y penado en le Art. 292 del Código Penal, por lo que solicita se impulse la investigación criminal del caso.