Entre los imputados se encuentran Roque Faviano Oliveira y Julio Enrique López Moreira, propietarios de la referida tabacalera. La fiscalía también impulsa el procesamiento de Jorge Antonio Gavilán, Marco Antonio Delgadillo Parra, Amado Brítez Lovera, Luis Alberto Bolaños Enciso, Osvaldo Delvalle Galeano, Carlos Marcial Godoy García, Venancio González Cardozo, Celestino Díaz Ojeda, Hugo Ricardo Amarilla Velázquez, Félix Ramos Vázquez, Luis Alberto Flores Sanabria, Rubén Porfirio Valenzuela Llanes, Heriberto Silvera Medina, Justo Dionisio Garay Morel y Nelson Cano Balbuena.

Según la imputación, existen despachos de exportación fechados en abril y agosto del 2002 que certifican la salida de los productos, pero que hay elementos que dan cuenta de que la mercadería nunca ha salido del país.

Alfonso cita el informe de la Receita Federal del Brasil (aduana) que señala que al 31 de octubre del 2002 solamente existían tres empresas con autorización para importar cigarrillos al Brasil. Se trata de las firmas Comercial y Distribuidora Riacho Grande, Sampoema Tabaco América Ltda y Souza Cruz SA.

Añade que con este informe, que revela que la tabacalera Central SA no está registrada, se deduce que las mercaderías no ingresaron en forma legal a territorio brasileño.

"De ser así, los despachos de exportación certifican falsamente hechos de relevancia jurídica, siendo creados con la finalidad de cancelar definitivamente las obligaciones de la firma tabacalera que quedaron suspendidas", en alusión al pago de los impuestos del valor agregado, tributo aduanero y selectivo al consumo. Alfonso es uno de los integrantes de la fiscalía de Delitos Económicos, cuya especialidad es la investigación de los casos de evasión.