El hombre de leyes sostiene que se trata de una treta para desviar la investigación.

La investigación en torno al abogado Mazacotte -quien asiste al detenido Concepción Abraham Jara por el caso BNF- fue iniciada por agentes de Control de Automotores, quienes supuestamente hallaron evidencias de que participó el sábado último en la entrega de una camioneta robada en Coronel Oviedo, después de que la víctima pagara un rescate para recuperar su vehículo.

El letrado obtuvo su libertad a las 11:15 de ayer por disposición del fiscal de Lambaré Rafael Fernández y pasó a Control de Automotores con sus abogados Guido César Marecos y Roberto Villamayor, a fin de recuperar su camioneta, una Nissan Terrano, bordó, sin chapa y con vidrios polarizados.

Cuando estuvieron a punto de abandonar la sede de Automotores le pasaron la información a los abogados que en el estudio jurídico "Mazacotte y Asociados" -de Omar Mazacotte- había armas y chalecos de policía, de acuerdo con lo señalado.

Mazacotte y sus abogados se dirigieron directamente al estudio jurídico ubicado en Cap. Andrés Insfrán casi Coronel Oviedo, en el cuarto barrio de Luque, frente al juzgado de esta ciudad.

Los letrados llegaron al estudio y denunciaron luego el hecho al juez interino de Garantías, Juvencio Torres. El magistrado indicó a los tres abogados que catearan la oficina y que si hallaban algo sospechoso le presentaran al juzgado, bajo acta.

Los abogados verificaron la oficina y encontraron una mochila color azul con tres pares de uniforme de policía, un equipo de radiocomunicación, un chaleco antibala y una baliza.

Cuando se disponían a pasar de la oficina al juzgado, aparecieron dos agentes de Investigación de Delitos, quienes impidieron la presentación de la evidencia, según los abogados.

Enterado de la dificultad, el mismo juez Torres decidió hacerse presente en el lugar de los hechos. El magistrado dijo a los policías que fue él mismo quien ordenó que esas evidencias fueron acercadas a su oficina.

Posteriormente llegó la fiscala de turno de Luque, Celeste Campos, y se le comunicó de la situación. Pidió entonces una orden de allanamiento, se volvió a catear la oficina y no se halló ninguna otra evidencia. El caso es investigado ahora por la fiscala Campos.