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Según el fiscal Sánchez, es evidente la absoluta responsabilidad de quienes ocupan cargos directivos en la empresa propietaria, según lo establecido en el Código Civil paraguayo en su artículo 1.111.
La referida norma menciona que "los directores (de la sociedad) responden ilimitada y solidariamente ante la sociedad, accionistas y los terceros por la inejecución o mal desempeño del mandato, así como violación de la ley o de los estatutos y cualquier otro perjuicio ocasionado por dolo, abuso de facultad o culpa grave".
La imputación se basa en las conclusiones del informes de los agentes especializados de la ATF (Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego), dependiente del Departamento de Estado de los Estados Unidos, quienes sostuvieron que el origen del fuego estaba en una chimenea que carecía de mantenimiento.
A esto se suma las declaraciones de varios testigos, empleados del supermercado, quienes sostuvieron que nunca tuvieron una explicación de las normas básicas de prevención de incendios del local.
"A todas luces, también resalta que el lugar no estaba en condiciones de funcionar pues no se adecuaba a las normas de prevención de incendios dictadas por la Municipalidad de Asunción. Por lo cual, todo el directorio es solidariamente responsable del hecho punible de exposición a persona a lugares de trabajo peligrosos", sostuvo el fiscal
LESIÓN GRAVE
El representante del Ministerio Público consideró que existen más de 500 heridos cuyos certificados médicos y diagnósticos expedidos por los diversos hospitales donde fueron asistidos demuestran que hubo lesión grave. Cifras oficiales dan cuenta de que el total de fallecidos en el incendio del supermercado registrado el 1 de agosto es de 368.
MEDIDAS CAUTELARES
* A excepción del presidente de la sociedad del Ycuá Bolaños, Juan Pío Paiva, para quien se encuentra firme la orden de prisión preventiva, la fiscalía solicita para los demás directivos de la firma una serie de medidas cautelares.
* El juez Alcides Corbeta deberá resolver si concede a los miembros del directorio imputados Agustín Rafael Alfonzo Martínez, María Victoria Cáceres de Paiva, Humberto Fernando Casaccia Romagni, Antolina de las Nieves Burgos de Casaccia y Guillermo Alberto Alfonso Segovia las siguientes medidas: prohibición de salida del país y de cambiar de domicilio, comparecencia periódica obligatoria ante el juzgado, caución real hasta cubrir la suma de G. 60.000 millones.
* Los citados imputados serán citados para ser indagados por la fiscalía la semana próxima.