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De esta manera se concretó lo que veníamos anunciando hace varios meses, ya que funcionarios de la propia fiscalía adelantaron que los encargados de la investigación, Juan Carlos Duarte y Adolfo Marín, junto al fiscal general adjunto, Hugo Velázquez, habrían recibido una millonaria coima a cambio de dejar impune a Kassen Hijazi.
El Ministerio Público no investigó de dónde provenía la millonaria suma remesada al exterior a través de la casa de cambios ilegal, denominado Telefax SA Prestamos Prendarios, que es de Kassen Hijazi, aunque existen registros de todas las empresas que operaban a través de ese esquema, cuyo cerebro sería el libanés.
Duarte informó que el libanés evadió cerca de 21 millones de dólares americanos en los últimos 3 años, de acuerdo con los documentos que ellos lograron recabar con bancos y casas de cambios legales de plaza.
Sin embargo, el peritaje efectuado por el perito Augusto Mengual Herken se llevó a cabo sin cumplir con los requisitos legales, una de ellas la autorización judicial como anticipo jurisdiccional de la prueba, para que sirva como elemento incriminatorio en un juicio.
En consecuencia, la defensa no participó en el peritaje unilateral de la Fiscalía, lo que conlleva la nulidad absoluta de toda la investigación que el Ministerio Público efectuó al respecto. El peritaje se habría realizado en el marco de la "solución" mencionada anteriormente por Mohamed Hijazi, padre del procesado, para la omisión del requisito legal para la validez de la prueba ofrecida por Duarte, ayer durante una conferencia de prensa.
Igualmente, Duarte y Marín omitieron que el acto investigativo efectuado por el perito de la Fiscalía se efectúe sobre los últimos cinco años del movimiento de la firma Telefax SA, así como establece la ley, al peritar documentos solo de los años 2001, 2002 y 2003.
Para reunir los documentos sobre las operaciones de valores hacia el exterior llevadas a cabo por Hijazi, la Fiscalía deslacró documentos que estaban secuestrados por orden judicial en otras causas referentes a casas de cambio legales, también intervenidas el año pasado, y cuya custodia se encontraba a cargo del Ministerio Público. De esa manera, la Fiscalía acarrea la nulidad de cualquier acto investigativo formal que pueda efectuar contra las casas de cambio legales.
Ayer se anunció que investigarán a tres casas de cambio que operaron con Kassen Hijazi. Ellas son Acaray Cambios, Tupí Cambios y Alberdi Cambios SA, empresas que remesaron al exterior más de 102.962.183.654 guaraníes, a nombre de Telefax SA, según el superintendente fiscal.
LIMPIARON VIA A LA DEFENSA
Con la no imputación por lavado de dinero, más el hecho de que el peritaje fue realizado en forma unilateral y parcial, los fiscales Juan Carlos Duarte y Adolfo Marín allanaron el camino a Hijazi para que la defensa de este último plantee la nulidad de los actos procesales llevados a cabo. No obstante y buscando ocultar el "arreglo" al que arribaron con Hijazi, lo presentaron como un feroz delincuente ante la opinión pública, escondiendo la omisión voluntaria de llevar adelante una investigación formal, con el cuidado del cumplimiento de las leyes del debido proceso, atendiendo a los datos que saltaron de las investigaciones de la Fiscalía.
Los sorprendente en la conferencia de prensa fue el hecho de que los fiscales se encargaron de resaltar que tenían pruebas suficientes para imputar y acusar a Hijazi por el delito de lavado de dinero, aunque prefirieron acusarlo solamente por los delitos de evasión de impuestos, que podría ser discutible a través de la prejudicialidad o solucionar con el pago de los impuestos y la multa, la obligación de llevar libro de comercio y declaración jurada falsa, delitos que con una argucia judicial se podría hacer caer en el ámbito administrativo, atendiendo a los datos.