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Sin embargo, contrariamente a lo solicitado, el Congreso estableció su propia nómina de funcionarios a ser beneficiados con la recategorización, unas doscientas personas tanto del área jurisdiccional como administrativa, lo cual causó gran molestia entre el funcionariado.
La política del año pasado fue potenciar el área jurisdiccional y lo que se pretendió fue empezar a dar ese aumento a los secretarios para abajo, sin embargo, en el Parlamento no se estudia para nada y sale con un grupo de funcionarios recategorizados, discriminados por el propio Parlamento, sin respetar las prioridades establecidas por el propio Poder Judicial.
Allá otra vez seguramente fueron algunas personas que lograron solucionar su situación, indicó Ramírez.
Hay recategorizaciones que parecerían ser justas, como las de compañeros muy antiguos que están en etapa de jubilación, pero son minoría. Acá nuevamente primó el amiguismo; todo el mundo sabe que quien tiene amigos todo lo consigue, acotó la funcionaria.
Si bien Ramírez no proporcionó nombres, fuentes judiciales indicaron que el hijo del ministro Wildo Rienzi, Itálico Rienzi, y la ex modelo Soraya Alas, amiga de las hijas del ministro Víctor Núñez.
Según datos extraoficiales, Soraya Alas tenía un ingreso de G. 2.200.000 y con la recategorización pasa a tener un ingreso de G. 4 millones. A su vez, Itálico Rienzi ha sido beneficiado con un aumento de G. 500 mil, con lo cual pasa a tener un ingreso mensual de G. 3.772.000.
Ramírez explicó que tras escuchar las inquietudes de los funcionarios, la presidenta de la Corte Suprema se comprometió a reiterar la solicitud de recategorización de los funcionarios mediante un pedido de ampliación del presupuesto.
La realización permanente de cursos de actualización que contribuyan a perfeccionar el servicio de justicia fue otra de las peticiones realizadas por los funcionarios a la titular de la máxima instancia judicial.
También ayer los actuarios solicitaron a la presidenta de la Corte la provisión de insumos y el mejoramiento de los muebles de las secretarías judiciales. Esta petición contó con una respuesta inmediata de Pucheta de Correa, quien dispuso la entrega de materiales de oficina y muebles para guardar expedientes.
Recientemente, la ministra Pucheta dispuso la provisión de muebles para el juzgado de Lambaré, tras constatar que numerosos expedientes e incluso evidencias quedaban depositados en el suelo. Fue durante una visita de rutina realizada el jueves último, ocasión en que la titular de la Corte también ordenó la realización de obras para acondicionar la sala de reconocimiento de personas, con vistas a salvaguardar la identidad de los testigos que acuden a diario a la citada jurisdicción.