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El bancario está prófugo de la justicia desde mediados del año pasado.El abogado Víctor Dante Gulino, representante del BNF, explicó que Franco Pereira se desempeñaba como gerente de la sucursal del ente en la agencia Santo Domingo, ubicada en las instalaciones del hospital del Instituto de Previsión Social. Una auditoría interna realizada a mediados de 1999 detectó un faltante de G. 1.088.476.000, tras lo cual el funcionario fue apartado de su cargo y procesado.
Franco fue detenido a principios de julio, pero un mes después fue beneficiado con medidas sustitutivas de prisión.
El 10 de diciembre del 2002 el entonces juez penal Juan Carlos Paredes condenó al ex gerente a cinco años de cárcel, por apropiación. El 23 de junio del 2004 el Tribunal de Apelación, 1ª sala, revocó la condena y absolvió a Franco Pereira.
Este fallo fue apelado por el fiscal Agustín Cáceres Volpe y por Gulino, en representación del BNF, y el 2 de marzo del 2009 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena dictada por el magistrado Paredes. El 23 de junio del año pasado la Corte resolvió las aclaratorias presentadas por las partes, con lo cual el fallo quedó firme.
El 1 de diciembre pasado la jueza de ejecución de sentencia Ana María Llanes ordenó la captura de Franco Pereira. La defensa del bancario, a cargo de Marcos Kohn y Nicolás Gaona Irún, planteó prescripción de la causa.
Cuando estaba en Cámara bajando administrativamente, la defensa plantea una supuesta prescripción, alegando que como no salió la orden de captura todavía, la causa estaría prescripta. Esto no es así, ya que la Corte dictó sentencia y quedó firme antes del plazo de diez años. La emisión del oficio de orden de captura es solamente una cuestión administrativa donde el juzgado de ejecución solo cumple lo ordenado por la Corte, explicó Gulino, tras comentar que la sucesiva inhibición de camaristas demoró la remisión del expediente a primera instancia.
Posteriormente la jueza Llanes se inhibió de la causa, tras lo cual el expediente fue derivado a la jueza Lourdes Scura, quien, en atención al estado de rebeldía del condenado, ordenó la suspensión de audiencias y recurso de reposición hasta tanto el mismo se presente ante la justicia. Paralelamente, remitió el expediente a la Cámara, para el estudio del pedido de prescripción.
Ahora queda en manos de la Corte Suprema de Justicia definir si el ex gerente cumplirá o no su condena.
Franco fue detenido a principios de julio, pero un mes después fue beneficiado con medidas sustitutivas de prisión.
El 10 de diciembre del 2002 el entonces juez penal Juan Carlos Paredes condenó al ex gerente a cinco años de cárcel, por apropiación. El 23 de junio del 2004 el Tribunal de Apelación, 1ª sala, revocó la condena y absolvió a Franco Pereira.
Este fallo fue apelado por el fiscal Agustín Cáceres Volpe y por Gulino, en representación del BNF, y el 2 de marzo del 2009 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena dictada por el magistrado Paredes. El 23 de junio del año pasado la Corte resolvió las aclaratorias presentadas por las partes, con lo cual el fallo quedó firme.
El 1 de diciembre pasado la jueza de ejecución de sentencia Ana María Llanes ordenó la captura de Franco Pereira. La defensa del bancario, a cargo de Marcos Kohn y Nicolás Gaona Irún, planteó prescripción de la causa.
Cuando estaba en Cámara bajando administrativamente, la defensa plantea una supuesta prescripción, alegando que como no salió la orden de captura todavía, la causa estaría prescripta. Esto no es así, ya que la Corte dictó sentencia y quedó firme antes del plazo de diez años. La emisión del oficio de orden de captura es solamente una cuestión administrativa donde el juzgado de ejecución solo cumple lo ordenado por la Corte, explicó Gulino, tras comentar que la sucesiva inhibición de camaristas demoró la remisión del expediente a primera instancia.
Posteriormente la jueza Llanes se inhibió de la causa, tras lo cual el expediente fue derivado a la jueza Lourdes Scura, quien, en atención al estado de rebeldía del condenado, ordenó la suspensión de audiencias y recurso de reposición hasta tanto el mismo se presente ante la justicia. Paralelamente, remitió el expediente a la Cámara, para el estudio del pedido de prescripción.
Ahora queda en manos de la Corte Suprema de Justicia definir si el ex gerente cumplirá o no su condena.