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La demanda contra Itaipú, en reclamo de un reajuste por la provisión de comidas durante dos años a la entidad, fue presentada por un ex funcionario de la entidad, llamado Aníbal Sánchez Bejarano, ingeniero. Este se presentó, a través de Mundy Recepciones (empresa que alquiló), a una licitación que llamó Itaipú con la cual firmó contratos millonarios, y, una vez que cobró alrededor de 5 mil millones, recurrió a la justicia exigiendo un reajuste de G. 32 mil millones, que con los intereses trepó a los casi 8 millones de dólares.
Sánchez Bejarano hizo la demanda bajo patrocinio de los abogados Antonio Fernández Gadea y Luis Humberto Arévalo. El primero es hermano de Carlos Fernández Gadea, quien entonces era presidente de la Corte Suprema.
Llamativamente, la acción se radicó ante el entonces juez en lo civil y actual miembro del tribunal de cuentas, Arsenio Coronel, quien, antes de ingresar a la magistratura, formaba parte del estudio jurídico de los Fernández Gadea.
Coronel condenó a Itaipú a pagar el millonario reajuste. Su fallo fue confirmado rápidamente por la cámara de apelaciones. Luego, en cuatro meses, los entonces ministros Bonifacio Ríos, Luis Lezcano Claude y Raúl Sapena Brugada rechazaron una inconstitucionalidad de Itaipú.
El entonces procurador general, Juan Carlos Barreiro Perrota, presentó una acción autónoma de nulidad contra las sentencias que condenaron a la binacional, a las cuales calificó de fraudulentas. Esta acción permitió que se evitara el pago y que Itaipú recuperara casi 4 millones de dólares que ya depositó en el Banco Central del Paraguay a nombre del juicio.
El dinero se recuperó mediante la acción que presentó la Procuraduría, y no de la asesoría jurídica de Itaipú, que perdió en todas las instancias.
LOS EXPEDIENTES
- Estado paraguayo contra Victorino Fuertes y María Elena Pedrazzini de Fuertes sobre nulidad de acto jurídico, del año 2002.
- Victorino Fuertes y María Elena Pedrazzini de Fuertes contra Entidad Binacional Yacyretá sobre indemnización de daños y perjuicios y otro, del año 2001.
- Entidad Binacional Yacyretá contra Victorino Fuertes y María Elena Pedrazzini de Fuertes, demanda reconvencional.
Observación: Los expedientes arriba señalados son los que serán minuciosamente analizados durante la auditoría dispuesta por el señor Angel Recalde.
Sánchez Bejarano hizo la demanda bajo patrocinio de los abogados Antonio Fernández Gadea y Luis Humberto Arévalo. El primero es hermano de Carlos Fernández Gadea, quien entonces era presidente de la Corte Suprema.
Llamativamente, la acción se radicó ante el entonces juez en lo civil y actual miembro del tribunal de cuentas, Arsenio Coronel, quien, antes de ingresar a la magistratura, formaba parte del estudio jurídico de los Fernández Gadea.
Coronel condenó a Itaipú a pagar el millonario reajuste. Su fallo fue confirmado rápidamente por la cámara de apelaciones. Luego, en cuatro meses, los entonces ministros Bonifacio Ríos, Luis Lezcano Claude y Raúl Sapena Brugada rechazaron una inconstitucionalidad de Itaipú.
El entonces procurador general, Juan Carlos Barreiro Perrota, presentó una acción autónoma de nulidad contra las sentencias que condenaron a la binacional, a las cuales calificó de fraudulentas. Esta acción permitió que se evitara el pago y que Itaipú recuperara casi 4 millones de dólares que ya depositó en el Banco Central del Paraguay a nombre del juicio.
El dinero se recuperó mediante la acción que presentó la Procuraduría, y no de la asesoría jurídica de Itaipú, que perdió en todas las instancias.
LOS EXPEDIENTES
- Estado paraguayo contra Victorino Fuertes y María Elena Pedrazzini de Fuertes sobre nulidad de acto jurídico, del año 2002.
- Victorino Fuertes y María Elena Pedrazzini de Fuertes contra Entidad Binacional Yacyretá sobre indemnización de daños y perjuicios y otro, del año 2001.
- Entidad Binacional Yacyretá contra Victorino Fuertes y María Elena Pedrazzini de Fuertes, demanda reconvencional.