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La Sala Penal de la Corte rechazó por improcedente la casación a la que había recurrido el Ministerio Público contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que declaró la extinción de la causa por "violación de derecho de autor", en el proceso contra la jueza Nilse Ramona Ortiz Aquino.
La magistrada contó con los votos favorables del ministro Sindulfo Blanco y la camarista Fulvia Imelda Núñez. Votó en disidencia el camarista José Agustín Fernández.
La Sala Penal hace suya la argumentación de la Cámara de Apelaciones, que sostuvo que existe "duda" acerca de la titularidad de la obra intelectual que plagió la magistrada Ortiz, para "crear" su obra "Ética judicial", cuyo texto fue extraído del manual del fallecido sacerdote Antonio de la Vega, quien elaboró el material para uso de sus alumnos de la Universidad Católica.
La Corte también sostiene que existe presunción a favor de la procesada de que la obra le pueda pertenecer porque inició los trámites para registrar el libro "Ética judicial" ante el organismo pertinente y que solo por medio de una acción civil se puede determinar a la víctima del plagio.
La Sala Penal insiste en que civilmente se debió determinar quién escribió primero la obra para analizar luego si existió o no el hecho antijurídico.
Norma derogada
Por su parte, Fernández (disidente) votó por hacer lugar la casación, rechazar la excepción de falta de acción y la extinción de la causa.
Indicó que la Cámara de Apelaciones, Segunda Sala, aplicó una norma derogada porque el inc. 15 del Art. 17 del Código Procesal Penal (Ley 1286/98), que disponía que la "violación del derecho de autor o inventor" era de carácter privado. A partir del 9 de julio de 1999 entró en vigencia la Ley Nº 1294/98 que dispuso que este hecho punible es perseguible por la fiscalía, indicó Fernández.
La creación debe ser protegida
La posición de las fiscalas de la Unidad Especializada en Delitos Marcarios, Nidia Fernández y Soledad Quiñónez, es que "la titularidad de la obra nace con la creación y no con su inscripción".
La creación del manual del padre De la Vega fue muy anterior a la de la recopilación en forma de libro de Ortiz. Insistentemente, las fiscalas sostuvieron que la resolución de la Cámara y ahora de la Corte hacían que la Unidad de Delitos Marcarios ya no tendrá sentido si es que primero los casos denunciados penalmente se deben dirimir en el fuero civil.
La magistrada contó con los votos favorables del ministro Sindulfo Blanco y la camarista Fulvia Imelda Núñez. Votó en disidencia el camarista José Agustín Fernández.
La Sala Penal hace suya la argumentación de la Cámara de Apelaciones, que sostuvo que existe "duda" acerca de la titularidad de la obra intelectual que plagió la magistrada Ortiz, para "crear" su obra "Ética judicial", cuyo texto fue extraído del manual del fallecido sacerdote Antonio de la Vega, quien elaboró el material para uso de sus alumnos de la Universidad Católica.
La Corte también sostiene que existe presunción a favor de la procesada de que la obra le pueda pertenecer porque inició los trámites para registrar el libro "Ética judicial" ante el organismo pertinente y que solo por medio de una acción civil se puede determinar a la víctima del plagio.
La Sala Penal insiste en que civilmente se debió determinar quién escribió primero la obra para analizar luego si existió o no el hecho antijurídico.
Norma derogada
Por su parte, Fernández (disidente) votó por hacer lugar la casación, rechazar la excepción de falta de acción y la extinción de la causa.
Indicó que la Cámara de Apelaciones, Segunda Sala, aplicó una norma derogada porque el inc. 15 del Art. 17 del Código Procesal Penal (Ley 1286/98), que disponía que la "violación del derecho de autor o inventor" era de carácter privado. A partir del 9 de julio de 1999 entró en vigencia la Ley Nº 1294/98 que dispuso que este hecho punible es perseguible por la fiscalía, indicó Fernández.
La creación debe ser protegida
La posición de las fiscalas de la Unidad Especializada en Delitos Marcarios, Nidia Fernández y Soledad Quiñónez, es que "la titularidad de la obra nace con la creación y no con su inscripción".
La creación del manual del padre De la Vega fue muy anterior a la de la recopilación en forma de libro de Ortiz. Insistentemente, las fiscalas sostuvieron que la resolución de la Cámara y ahora de la Corte hacían que la Unidad de Delitos Marcarios ya no tendrá sentido si es que primero los casos denunciados penalmente se deben dirimir en el fuero civil.