Por omisión culposa alcanza a oficiales de justicia, escribanos, rematadores en perjuicio de los quebrados bancos de Desarrollo, Unión, Trabajadores y Bancosur.
Mora indica que se quiere probar por lo menos medianamente que se ha montado un modelo de percepción de honorarios profesionales de las entidades en liquidación y/o quiebra aparentemente legal para recuperar bienes de los entes bancarios quebrados al solo efecto de pagar altísimos honorarios, en complicidad de jueces, fiscales, síndicos, etc.
Mora se refiere en primer término al caso del Banco de Desarrollo. En este proceso de disolución, según la denuncia, los abogados percibieron jugosos honorarios por valor de G. 5.503.000.000 y más de US$ 100.000. "Ahora en forma inapropiada e ilegal pretenden cobrar a la quiebra del banco otra suma sideral de G. 2.483.755.962, reconocidos en juicio de quiebra en claro contubernio con el síndico interviniente y el fiscal en lo civil y comercial, incluso del juez por la causa de omisión grave", agregó.
En otro punto indica que las regulaciones están ilegalmente basadas y sostenidas sobre posibilidades y bienes no recuperados, ante la omisión de los magistrados.
Añade que los abogados que intervinieron en la quiebra no pagaron el impuesto del valor agregado y causaron un perjuicio de G. 600.000.000.
En cuanto a la quiebra del Bancosur, refiere que se pagó la suma más alta, unos 9.010.327.080 en concepto de honorarios profesionales, muy por encima de lo recuperado y que además hubo una evasión de un monto aproximado a los G. 1.000.000.000. "Lo más llamativo del caso es que por ley de quiebras y de bancos, el único con capacidad jurídica para pedir la quiebra de bancos es el BCP y los mayores beneficiados en concepto de regulación de honorarios fueron precisamente los abogados y asesores del BCP", dice la presentación.
En el caso del Banco Unión, los abogados percibieron entre 1998 y 2001 un monto de G. 3.768.701.830 y se registró una evasión impositiva de G. 300.000.000.
DENUNCIADOS
POR COBRO IRREGULAR EN LA QUIEBRA DEL BANCO DESARROLLO SAECA
Abogados: Rubén Molinas R., Luis Carlos Bittar Navarro, Justo Ibarra.
Oficial de justicia: José Neri Bogado
Síndico de quiebra: Julio Javier Ríos
Síndico general de quiebras: Fausto Portillo Montanía.
POR EVASIÓN IMPOSITIVA EN LA MISMA CAUSA:
Abogados: Edilberto Vera Invernizzi, Miriam da Silva, Mario González Planás, Virgilio Caballero Retamozo, Luis Simón Flecha, José Bogado.
POR COBRO IRREGULAR DE HONORARIOS POR PARTE DE ABOGADOS DEL BCP Y EVASIÓN IMPOSITIVA EN LOS DIVERSOS CASOS DE QUIEBRA.
Francisco González Colmán, Benigno López Benítez, José Mongelós Aquino, Jorge Saldívar Romero, Ana María Pintos (quienes se retiraron el pasado año), Fausto Portillo, Ana Iris Peña, Arsenio Contrera Torales y Mabel de Stampf (quienes siguen en el cargo).
POR COBRO IRREGULAR DE HONORARIOS EN EL CASO EL CASO BANCOSUR SAIF SA Y EVASIÓN IMPOSITIVA.
Abogados: Ronald Benítez Soler, Angel Colmán Cristaldo, Benito Torres Aceval, Benigno López Benítez, Jorge Saldívar Romero, José Mongelós Aquino, Ana Iris Peña, Teresita Monjagata de Penayo, Ricardo Efraín Flecha, Antonio Ferreira Medina, Osvaldo Granada, María Teresa Peralta, Gladys Mereles de Narvaja.
Oficiales de Justicia: Esteban Riquelme, Rubén Darío Conigliaro, y Geraldino Cazal Argüello.
Escribana pública: Sofía Fernández Casabianca.
Rematador público: Gustavo Benítez.
BANCO UNIÓN SAECA (COBRO IRREGULAR Y EVASIÓN IMPOSITIVA)
Abogados: Justo Ibarra Roig, Marcelino Ibarra, Esteban Ramírez Vera, Andrés Nissen Pessolani, Gustavo García Arzamendia, Juan Claudio Gaona, Julio Galli Samaniego y Rodolfo Rodríguez.