Corte interviene la Sindicatura y suspende a Fausto Portillo

La Corte Suprema de Justicia intervino ayer la Sindicatura General de Quiebras y dispuso la suspensión del síndico general, Dr. Fausto Portillo, a raíz de una serie de irregularidades detectadas en el manejo de quiebras de diferentes entidades, según se informó, pero sin detalles. Es la segunda intervención dispuesta en un año. En la primera no se dieron a conocer mayores irregularidades. Ahora se espera un trabajo más serio.

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"El síndico general de quiebras, en caso de ser suspendido, debe ser reemplazado por el fiscal general del Estado, así lo establece la ley. La decisión ya fue tomada, solo falta materializar la resolución, se dispuso la intervención y la suspensión del síndico general de quiebras y se encarga de esta circunstancia al ministro Blanco", indicó el flamante presidente de la Corte Suprema Antonio Fretes, tras explicar que la eventual remisión o no de los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados será una cuestión a ser definida por el ministro interventor.

La determinación fue tomada en la primera sesión ordinaria del pleno, llevada a cabo en la mañana de ayer y posteriormente informada a la prensa por Fretes. El ministro aclaró que no se ha definido aún si la suspensión será con o sin goce de sueldo, cuestión a ser resuelta en el transcurso de los próximos días.

Si bien la suspensión o no de Portillo fue un tema que derivó en un enfrentamiento entre ministros, la decisión de ayer contó con el voto unánime de todos los integrantes de la máxima instancia judicial. Al parecer, los ministros que apoyaban al síndico general optaron por votar por la intervención para demostrar la supuesta unidad de la Corte, luego de que los ministros José Altamirano y César Garay divulgaran que el ministro Víctor Núñez dilataba la adopción de dicha medida.

Sin embargo, el hecho de que la intervención y suspensión se hayan dictado antes del cumplimiento de la prórroga otorgada a Portillo para que complete su informe evidencia la fisura en la cúpula judicial. Según los datos, el plazo otorgado al síndico vence recién el 12 de febrero.
La excesiva demora en la ejecución de los remates y en la conclusión de las quiebras, además de supuestas anomalías en la quiebra del Banco Nacional de Trabajadores son los puntos que resultaron determinantes para la intervención, según fuentes judiciales.
Fretes se excusó de entrar en detalles sobre el tema, tras indicar que los hechos cuestionados estarán consignados en la resolución correspondiente.

El ministro designado como encargado de la intervención, Dr. Sindulfo Blanco, actual integrante de la sala penal, explicó que primeramente debe dictarse la resolución correspondiente, tras lo cual informará la nómina de interventores, con sus respectivas funciones, la forma de trabajo y el plazo para su conclusión. Ayer conversó brevemente con nuestro diario.


NO EXISTE FUNDAMENTO, SEGÚN SÍNDICO GENERAL

"Yo quiero saber por qué, para mí no existe fundamento. Pero de cualquier manera, yo estoy tranquilo. No estoy preocupado para nada, pero pido justicia", expresó ayer a la tarde el síndico general de quiebras, Dr. Fausto Portillo, tras comentar que desconocía la resolución de la Corte Suprema.

Portillo explicó que en los primeros días de enero, los ministros José Altamirano y César Garay solicitaron un informe sobre el estado procesal de 17 entidades bancarias, así como la nómina de síndicos y fiscales intervinientes en las mismas, razón por la cual solicitó plazo hasta el 10 de febrero para completar su informe, ante la imposibilidad de acceder a los expedientes tramitados en el fuero civil y comercial, debido a la feria judicial.

Las liquidaciones del Banco Nacional de Trabajadores, Financiera Paratodo SA, Financiera Paraguaya SA, Banco de Inversiones del Paraguay SA, Bancoplus SA, Oga Rape SA, Banco Finamérica SAECA, Financiera Plata SA, Agrocenter SA, Magin Achinelli y Petrona Guerrero de Achinelli, Rosa Isabel Ramírez Barreto, Ita Bank SA, SSB Banco, Hogar Propio SA, Financiera Estrella SA, Provenir SA de Seguros y Escudo SA de Seguros son las investigadas por la Corte.


LA SEGUNDA MEDIDA EN UN AÑO

En enero del año pasado, la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros Víctor Núñez, Antonio Fretes y Wildo Rienzi Galeano dispuso la intervención de la Sindicatura de Quiebras ante denuncias de irregularidades. El abogado Zenón Agüero fue designado para el trabajo, por un lado. Por el otro, los camaristas Marcos Riera Hunter, Arnaldo Martínez y Basilicio García tenían la función de controlar los expedientes. El resultado de la tarea de los magistrados jamás se dio a conocer por el alto tribunal.

En los últimos días de abril de 2004, Agüero entregó a la Corte un escueto informe de cuatro páginas sin detallar las irregularidades detectadas. El trabajo de Agüero fue cuestionado por los nuevos ministros que asumieron.

Ahora, en solo un año la Corte ordenó una nueva intervención de la Sindicatura, pero esta vez con la suspensión de Portillo. En esta ocasión, se espera que los designados por el alto tribunal realicen su trabajo en serio, ya que están en juego sumas millonarias que es la masa de acreedores.
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