El fiscal Andrés Casati ha sido nombrado juez de liquidación Nº 1, cargo vacante tras la renuncia del hermano del presidente de la República José Ignacio González Macchi y actualmente a cargo del juez itinerante Juan Carlos Paredes.

El juzgado de liquidación Nº 2, también vacante tras la renuncia del juez Jorge Bogarín González, estará a cargo del abogado Gustavo Enrique Santander Dans.

El letrado Digno Arnaldo Fleitas Ortiz se hará cargo del juzgado de liquidación Nº 3, vacante por la suspensión del juez Rubén Darío Frutos (enjuiciado por la liberación de dos narcos), actualmente a cargo del juez itinerante Carlos Escobar.

Los jueces Carlos Ortiz Barrios y José Waldir Servín Bernal han sido confirmados como titulares de los juzgados 4 y 5, respectivamente, mientras que el fiscal Dionisio Nicolás Frutos ha sido designado al frente del juzgado de liquidación Nº 7, en reemplazo del juez Hugo López.
Por otro lado, la Corte nombró al abogado Hugo Antonio Sosa Pasmor como titular del juzgado de garantías Nº 1, en reemplazo del Dr. Agustín Lovera Cañete, actual miembro del Tribunal de Apelación en lo penal.

Los magistrados Pedro Darío Portillo, Alcides Corbeta y Pedro Juan Mayor Martínez han sido confirmados como titulares de los juzgados de garantía 2, 5 y 6, respectivamente.

A su vez, el defensor público Daniel Ferro Bertolotto ha sido nombrado juez itinerante de la capital. Los magistrados designados prestarán juramento de rigor en una ceremonia a realizarse el próximo 11 de diciembre.

La designación de la Corte, dada a conocer al filo del mediodía de ayer, dio por concluida la prolongada espera de algunos magistrados que prácticamente dedicaron estos últimos días a hacer ‘‘lobby’’ en el tercer piso del Palacio de Justicia, donde los ministros del máximo tribunal del país tienen sus respectivas oficinas. El Decreto Nº 763 lleva la firma de ocho de los nueve ministros de la Corte. Al parecer, el ministro Jerónimo Irala Burgos no participó de la sesión de ayer.

HABLAN DE INFLUENCIAS POLÍTICAS

El juez Hugo López Sanabria afirmó ayer que políticos, a quienes no identificó, pidieron su cabeza por haber condenado a 23 procesados por el vaciamiento del Banco Nacional de Trabajadores. López es el único juez que no fue confirmado, pero, contradictoriamente, se encuentra hasta este viernes con permiso para asistir a un curso de derecho penal comparado, para el que ha sido designado por la Corte Suprema de Justicia.

Ayer López se declaró sorprendido por la decisión y afirmó que su no designación es una injusticia y que la Corte no consideró sus méritos y aptitudes académicas, ni el trabajo que realizó durante los siete años en que ejerció la magistratura.

‘‘No he tenido contemplaciones de color partidario, empresario, obrero y eso obviamente tiene un costo político porque no podría determinarse de otra manera el hecho de que no haya sido confirmado. Yo tuve casos en que se involucraban grandes intereses económicos vinculados con intereses políticos, como el caso BNT. Sería triste pensar que el supremo poder del país se haya dejado influenciar por un político, ¿pero qué nos queda por pensar?’’, acotó.

Finalmente, López comentó que deja a su sucesor la decisión de finiquitar unas diez o quince causas de suma importancia, cuyo estudio ya no podrá realizar.
‘‘Entre ellos está el caso de Juan Ernesto Villamayor contra el director de ABC (por difamación, calumnia e injuria), está el caso del periodista Luis Verón (también querellado por calumnia), están los casos de entidades bancarias como Oga Rapé (juicio por vaciamiento) y el de explotación ilegal de quinielas, entre otros’’, explicó.

FISCALES, CON METEÓRICA CARRERA

De las designaciones dadas a conocer ayer por la Corte Suprema se destacan las de los fiscales Andrés Casati Caballero y Dionisio Nicolás Frutos. Los nuevos magistrados de liquidación son protagonistas de una meteórica carrera que despierta la envidia de numerosos profesionales de larga trayectoria en la profesión.

Casati, quien terminó la carrera de derecho en el año 1996, ingresó al Poder Judicial como actuario en lo penal, cargo que ocupó hasta el año 1998, cuando fue designado fiscal. A su vez, Frutos Serratti ingresó a la magistratura en el año 1997 como fiscal del crimen. Tuvo un criticada actuación en el juicio abierto por el asesinato de José ‘‘Coco’’ Villar.