La sentencia de primera instancia confirmada por la Cámara también ratifica las condenas de dos años de cárcel impuestas al abogado Pedro Angel Bertolini y a Anabel del Carmen Carvajal Vda. de Martínez.

La causa se inició a fines de 1998 tras la denuncia formulada ante la Fiscalía General del Estado por la Contraloría, organismo que detectó irregularidades en los pagos de tierras expropiadas por el gobierno.

Conforme a la denuncia, Gamarra, en su carácter de presidente del INDI, ordenó varios pagos correspondientes a la adquisición de un inmueble de 6.475 Ha. en el distrito de Curuguaty que pertenecía en condominio a Ramón Martínez Blanco y a la firma Curupay Sociedad Anónima, Agrícola Ganadera, Inmobiliaria y Comercial. En total se desembolsaron G. 582.836.283 para el pago de esta propiedad.

La investigación permitió detectar que hubo un excedente de pago de G. 37.517.393 ocurrido luego de la transferencia en la que ambas partes manifestaron haber recibido la totalidad del pago acordado. Pero además el pago se realizó pese a que la finca ya no pertenecía a Ramón Martínez Blanco quien había manifestado la titularidad del inmueble. Este es uno de varios procesos que soporta Gamarra por sobrefacturación de inmuebles durante su gestión.