El Código Penal establece que el hecho punible de apropiación debe ser castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa, sin embargo, en casos graves la legislación establece que la pena puede ser aumentada a ocho años de cárcel.

En caso de comprobarse la responsabilidad de Cálcena del hecho investigado, su conducta podría ser considerada como grave, teniendo en cuenta que las evidencias decomisadas en el procedimiento de la detención de Amato le fueron dadas en confianza y tenía la obligación de devolverlas.

Además, podría considerarse como un agravante el hecho de que Cálcena en su carácter de fiscal y hombre de derecho conoce la antijuricidad de un acto de apropiación.

El proceso contra Cálcena se inició tras cobrar estado público de la existencia de varios fajos de billetes de dólares en la caja fuerte que perteneció a Jayme Amato, detenido el 30 de diciembre del 2000, en una estancia de Capitán Bado.

Un video y varias fotografías del citado procedimiento despertaron las sospechas de la apropiación del dinero, teniendo en cuenta que Cálcena entregó al Ministerio Público como evidencias fiscalizadas 15.200 reales y 17.208 dólares, cifras muy inferiores a las que pueden apreciarse en las imágenes.
El testimonio de varios policías y militares que afirmaron que la caja fuerte había sido abierta durante el operativo y que tenía varios fajos de billetes como lo demuestran las imágenes forma parte de las pruebas reunidas por la fiscalía.