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La reciente asistencia repartiendo aportes a pobladores del Barrio Obrero de la capital por parte del Presidente de la República (precandidato a senador por el Partido Colorado) y del precandidato presidencial del mismo sector al que pertenece el primer mandatario es prueba fidedigna del viejo vínculo convertido en maridaje entre el Estado y el partido político.
La democracia trajo consigo la creación de nuevos órganos, direcciones y oficinas que albergan hoy día a una población de funcionarios cada vez más numerosa. Las elecciones se volvieron cada vez más frecuentes, lo que de suyo no está mal, excepto que esa frecuencia entre las municipales y las elecciones nacionales trajo consigo la aparición del prebendarismo y el uso indebido de bienes y recursos.
Las elecciones encienden fuertes pasiones por ocupar cargos. Muchos y hasta demasiados prefieren la aventura política en vez de disputar la dura competencia en el mercado laboral privado. Privilegios cada vez más sabrosos provocan un vuelco hacia el sector público, situación comprobable en reparticiones como las binacionales, empresas estatales y ministerios.
Y como era de esperarse, fueron ingresando al gobierno, central y municipal, personas con notorias falencias en su preparación, desconociendo no solo sobre lo que significa gobernar, sino que sobrevino todavía algo peor.
En efecto, a las falencias señaladas se sumó el escaso y nulo sentido acerca de lo que significa convertirse en un servidor público, situación que implica necesariamente una alta dosis de coraje y de acrisolada honestidad. La honorabilidad, término que en la política actual tiene rentabilidad casi inexistente, pues exige honradez y respetabilidad ha desaparecido entre los requisitos para ocupar un cargo, tal como se prueba en las listas de candidatos de todos los partidos que se presentan sin rubor ni vergüenza alguna.
La democracia, de esta manera, que permite el voto popular y la transparencia en los procesos electorales ha venido dando pasos agigantados en el país. Sin embargo, el Estado de Derecho entendido como el orden político de la libertad por el cual las autoridades y los ciudadanos están regidos por la misma ley y el poder del gobierno se asume para resguardar la justicia, la libertad y la propiedad, sigue siendo tema pendiente.
No es casualidad que los regímenes populistas luego devenidos en autoritarios emerjan precisamente de democracias sin Estado de Derecho, situación en que se encuentra nuestro país.
(*) Decano de Currículum Uninorte. Asesor de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas (APUP). Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado” y “Cartas sobre el liberalismo”.