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Es así que desde noviembre del 2012 al 30 de agosto del 2014, el Tesoro Nacional, a través de los programas del Fonacide (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo), transfirió a diversas instituciones del Estado, entre ellas municipalidades y gobernaciones y algunos ministerios, la importante suma de G. 4.471.040.256.094.
Ese monto debió utilizarse para obras de infraestructura, apoyo a la educación y a la salud, entre otros programas que establece la Ley 4758. Digo debió utilizarse, porque según auditorías realizadas a rendiciones de cuentas de instituciones beneficiadas, buena parte de ese dinero no llegó a destino para cumplir con la finalidad propuesta.
Si realmente fueron bien utilizados esos recursos, hoy día no habría inconvenientes con cientos de aulas y baños de locales educativos de distintas regiones del país, que al inicio del año lectivo, como es habitual, no se encontraron en condiciones mínimas de seguridad y comodidad para que los alumnos puedan dar clases. Tampoco habría falta de insumos básicos en hospitales públicos.
La calidad del gasto de los beneficiarios es altamente deficitaria. Persisten irregularidades que perjudican y privan a la ciudadanía de una mejor calidad de vida que se podrá lograr con el mejoramiento de la educación, atención integral a la salud de las personas y dotar a los pueblos de infraestructura adecuada.
Autoridades municipales y de algunas gobernaciones, salvo pocas excepciones, incurren en vergonzosos despilfarros de recursos que la ciudadanía les confía. Más bien priorizan sus intereses, disfrazando los gastos para sacar beneficio propio y de grupos y clanes que los rodean y que están al acecho para manotear el dinero de la gente que debió usarse para lograr un mejor nivel de vida y acceder a servicios básicos adecuados y eficientes.
Es lamentable la conducta dolosa de esas autoridades inescrupulosas y carentes de vocación de servicio para con su comunidad. La ciudadanía, y en especial los electores de las próximas elecciones municipales, tendrían que medir a aquellos administradores comunales que pretenden seguir en sus cargos según el modo con que esos “servidores públicos” manejan los recursos puestos a su disposición.
El perjudicado, como siempre, es el sector más carenciado de la sociedad, que no tiene acceso a mejores oportunidades y que son víctimas de administradores mezquinos, sinvergüenzas, insensibles e inmorales.
epaciello@abc.com.py