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Al principio fueron solo seis, luego diez, luego doce y la lista crecía de una manera dramática hasta llegar a 23 periodistas de la Capital e interior del país que sufrieron la brutalidad policial cuando cubrían las manifestaciones ciudadanas contra la enmienda pro reelección del presidente Horacio Cartes.
Estos números –con sus nombres– no tienen precedentes en la historia reciente del periodismo paraguayo. Estas cifras no son producto de un accidente o una desafortunada casualidad. Estos heridos son directa consecuencia de la represión gubernamental que no quería que quedaran registros de la barbarie del 31M que dejó un parlamentario herido, otro en terapia intensiva, centenares de detenidos ilegalmente y un joven dirigente liberal fallecido.
El ensañamiento fue planeado desde el vamos cuando arremetieron contra los colegas sin contemplación, incluyendo a quienes ni siquiera estaban en la “primera línea de fuego”. Así tenemos hoy a trabajadores que no pueden estar más de 15 minutos de pie, con problemas de columna, que van a sus puestos de trabajo cargando con el dolor y la saña de quienes se descargaron contra ellos de manera alevosa.
En este y en otros casos de agresiones a periodistas solemos escuchar a los propios colegas decir que “ligar golpes” o balines de gomas son “gajes del oficio”. Quienes sostienen esto no tienen ni la más mínima idea de lo que se trata el periodismo y su relación directa con la democracia. El hecho de que por tantos años, la prensa haya sido blanco de brutales represalias, no significa que eso esté bien. En ninguna parte del mundo, ser agredido es parte del presupuesto periodístico.
El Gobierno, los políticos y algún que otro mano derecha de Cartes, han colocado a los trabajadores de la prensa en medio de un fuego cruzado de manera injusta. Y cada día urden un argumento más infantil que otro para deslindar la responsabilidad de un hecho que es a todas luces un atentado contra la libertad de expresión. Y, recordemos una vez más, que si un Estado no puede garantizar este principio, es un Estado fallido y antidemocrático.
Si proyectamos en hecho en las posibles consecuencias laborales y emocionales de cada uno de los 23, caemos en la cuenta que el miedo es el denominador común en todos ellos. Miedo a perder su trabajo si denuncian (los que trabajan en los medios de la familia Cartes), miedo a que las declaraciones y registros sean manipulados por parte del Gobierno para tergiversar lo que pasó y acusar a los propios trabajadores de haberse puesto en línea de fuego adrede.
También están las agresiones que no conllevan el uso de las balas, sino un ataque a la credibilidad de colegas como Mabel Rehnfeldt, Menchi Barriocanal y Santiago González, a quienes acusa de ser los instigadores de los hechos del 31M. Para peor, a ellos sumamos la ira de la ciudadanía que también se desquita contra los colegas de los medios denominados “cartistas”, Carolina Vanni, Pánfilo Leguizamón, Claudia Aguilera. La lista inicial es de 23… pero vamos contando.
mescurra@abc.com.py