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Una propagación casi infecciosa ocurrió en Latinoamérica, donde la matrícula, tradicionalmente dominio casi exclusivo de las universidades públicas y en menor grado las católicas, exponencialmente subió a 50 o 70% del alumnado. En nuestro país, y en otros, siempre nosotros, el modelo, que pudiera mostrar algunos aspectos positivos para sectores olvidados o marginados en algunas disciplinas de menor costo, sufrió una transformación, que ha degradado el concepto mismo de universidad.
Se han instalado miríadas de carreras, desde las más simples a las más complejas, las de bajo y alto costo incluyendo medicina, en cualquier parte, con precaria infraestructura, ausencia de bibliotecas serias, con un plantel de profesores itinerantes mal pagados, programas desfasados de la actualidad disciplinar, selección precaria de docentes y alumnos que no deberían estar en la universidad, nombramientos arbitrarios y no meritocráticos, programas hechos a medida para estudiantes fronterizos, inversión económica mínima y escasa reinversión, sosteniendo la universidad con las cuotas de los alumnos, un contrasentido, una imposibilidad si se pretende buenos programas como lo señalara el profesor Derek Bok, de la Universidad de Harvard (Universities in the Marketplace, 2003).
El origen y proliferación de estas instituciones fue responsabilidad de políticos del Parlamento Nacional, y su falta de control fue responsabilidad del Ministerio de Educación.
Que conste que no estoy en contra de las universidades privadas, las mejores del mundo son privadas; es más, creo que ante la inanición y esclerosis sin esperanzas de las universidades públicas, el destino de la universidad paraguaya estará en manos privadas. Algunas ya lo están demostrando, dando tímidos primeros pasos hacia el incremento de la investigación científica en sus instituciones,
Luego de más de 10 años de estériles debates, por fin pudo adecuarse y promulgarse la nueva Ley de Educación que establece los mecanismos de apertura, regulación y cierre de las universidades, con la creación del Consejo Nacional de Educación Superior o CONES. Si bien la ley en su versión final no ha contemplado todas las críticas que un grupo de docentes habíamos hecho, como ser la no participación en el organismo de docentes en actividad en las instituciones evaluadas, es la que tenemos y, en general, está bien. Luego de un inicio algo tórpido, con las actuales autoridades y escaso presupuesto, por fin esta institución se puso a trabajar en serio evaluando críticamente las universidades, sugiriendo cambios y accionando con penas al no cumplimiento de los tiempos establecidos para adecuarse las instituciones a mínimos requisitos de calidad.
Es del dominio público el planteamiento del cierre de múltiples filiales y carreras de una universidad privada lucrativa, la UNASUR, luego de advertencias y de habérsele otorgado dos años de plazo para adecuarse académicamente a la ley, lo que permitiría su funcionamiento, lo que no se ha cumplido. Esta valiente actitud del CONES le ha valido críticas de un segmento de la población y alguna prensa, que notablemente ¡también son críticos de las universidades lucrativas de bajo nivel! Pero no se debe perder la perspectiva, el contexto y magnitud del problema. Es mucho más importante sacar de circulación instituciones que no están preparadas para la docencia universitaria, que los defectos que pueda tener la composición actual del CONES, cuyos miembros son honorables. Estos pueden salvar alguna de las críticas no admitiendo exalumnos de UNASUR en sus propias instituciones; hay muchas donde pueden hacerlo, para evitar conflictos de interés.
En representación de un grupo de docentes e investigadores interesados en el devenir nacional universitario, apoyamos fehacientemente el arduo y difícil trabajo del CONES. Creemos que deben estar firmes ante las variadas presiones y maltrato que su accionar seguramente generará. Que sepan que existimos muchos ciudadanos que estamos hartos con este tipo de instituciones, y que llegó el momento de enfrentar raigalmente la problemática universitaria, hoy con el amparo de la nueva ley.
* Director del Instituto de Patología e Investigación.
antoniocubillaramos@gmail.com