¿Una necesidad política, económica o simple moda?

En artículos anteriores –“Crisis energética (5). La ANDE, una empresa inviable” (29/03/2009); y “Pobreza energética (2). Creación del ministerio de energía y la liberalización del sector” (16/08/2009)– ya sosteníamos que cualquier empresa que pretenda prosperar debe tener un margen de rentabilidad razonable. Si la misma pierde el 30% de su producción (normalmente el margen de renta), corre serio riesgo de desaparecer del mercado.

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Sin embargo, los monopolios subsidiados por el Estado, como el caso de la ANDE, subsisten por una necesidad política, por presión sindical o por una idea perimida donde se lo pone al Estado como el gran papá, que todo lo soluciona. “Es una empresa estratégica”, es un “patrimonio del Estado”, es un “patrimonio histórico del pueblo”; en fin, tantos eslóganes como grupos sociales, partidos o cofradías exista.

Las empresas del Estado, al no estar a ritmo de mercado, necesariamente sucumben por los mismos vicios que todos conocemos: corrupción, clientelismo político, nepotismo, prebendarismo y otras lacras del estatismo. El mal se reproduce en casi todos los países de economía dirigida y centralizada, especialmente en los socialistas, donde el gran empleador es el Estado.

Hasta aquí nada nuevo bajo el sol. Vayamos a lo concreto. ¿Es necesaria la creación de un ministerio de energía y minas? Pongamos a consideración algunos hechos que aparecieron en estos 6 o 7 años que justifican y refuerzan nuestra tesis de la época:

1. Según reportes oficiales de la Itaipú Binacional, en el año 2015 ingresaron al Estado paraguayo, vía Ministerio de Hacienda, 653,47 millones de dólares americanos, distribuidos de la siguiente manera: 250,51 millones por royalties; 360,18 millones por energía cedida y 42,77 millones por resarcimiento y utilidad a la ANDE. El monto total corresponde a ingresos genuinos aportados al Ministerio de Hacienda por parte de solo una de las dos hidroeléctricas binacionales. No poseemos aún los de Yacyretá que están atrasados y siempre son difíciles de precisar.

2. Sumados los ingresos de Yacyretá y la Central Acaray, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el sector energético es uno de los que más aportan al fisco. No mencionaremos los ingresos tributarios (impuestos a la importación, exportación, IVA, IRP, tasas, etc.) sino los industriales, es decir, aquellos que se dan por la venta de un bien o un servicio.

3. Según datos, también oficiales (Balance energético nacional, MOPC), las mermas eléctricas del 2014 fueron de 3.637.400 MWh; es decir, una energía equivalente al consumo industrial y comercial, juntos. Esta cifra del 37% de merma en todo el sistema eléctrico nacional es una calamidad. ¿Qué empresa aguantaría en el mercado tamaña cifra?

4. El Sistema Interconectado Nacional (SIN) es un enmarañado de cables constituido por la generación, la transmisión y la distribución. En las primeras dos fases, todos los años se habla de récord de producción mundial, nacional, eficiencia, etc. Nadie habla de la última fase, distribución. Y el silencio se debe a la vergüenza o al temor. Reconocer la ineficiencia de la ANDE puede costar caro a sus administradores. En la distribución está la pérdida técnica y el robo. En la distribución están los grandes negociados: la poda, los cambios de transformadores, las reparaciones tercerizadas, las ampliaciones; en fin, la coima y el “negocio de los muchachos”. Si la distribución se vuelve eficiente, se disminuyen las pérdidas técnicas y el robo social, el dolo político o de los grandes ladrones industriales de la energía; acaba el negocio.

5. Por otra parte, si aparece un ministerio de energía y minas que tenga el poder político de manejar los “gastos sociales”, acaba el negocio de la “propaganda política” financiada por las binacionales. Este segmento es el único que no ingresa al fisco porque conforma una especie de “responsabilidad social” de las hidroeléctricas y es de exclusiva disponibilidad del ejecutivo. Con los “gastos sociales” se construyen viviendas sociales, viaductos, se reordena el Mercado 4, empedrados en municipios amigos, pozos artesianos a los correligionarios. En fin, obras rápidas, bien construidas, sin mucha burocracia y, lo más importante, inauguradas a tiempo y sin mucha participación de los “muchachos”, como lo serían en los ministerios.

6. Estos argumentos sociopolíticos tienen un gran fundamento económico, pero los últimos, a seguir, tienen un argumento geopolítico. En toda Latinoamérica creo que el Paraguay es uno de los pocos países que no tienen un ministerio de energía, tiene un escuálido Viceministerio, un coronel que se presenta en los foros internacionales a negociar con generales.

7. Si el decreto firmado por el Presidente fuese refrendado por el ministro del área, es decir, de energía, se cortarían las alas a los “virreyes” de Itaipú y Yacyretá. Se reportan directamente al Presidente, ¡ni siquiera al administrador propietario de las mismas, es decir, la ANDE! En 42 años de historia de Itaipú y Yacyretá jamás escuche que sus directores se reporten, mucho menos, al viceministro de minas y energía, hoy, su jefe político.

En conclusión. Si estos argumentos aún no convencen a los políticos y administradores del sector, es porque el estado actual les conviene. Pero recordemos que son una minoría. El gran perdedor es el pueblo que debe soportar esas pérdidas de la ANDE que llegan, aproximadamente, a US$ 250 millones al año. Les conviene también a los líderes sindicales que defienden a su parentela incrustada en el Estado; a los negociados de las “firmas de los amigos”, a la “clientela del partido”, a la línea de Compañía Lorito conformada por “correligionarios” que no pagan su cuenta. En fin, en pocas palabras, dejar así como está beneficia a unos pocos, pero perjudica al resto del país.

(*) Especialista en Protección Eléctrica. Ingeniero Agrónomo. Msc en Planificación y Conducción Estratégica Nacional.

lumaf77@gmail.com

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