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Había comprado también a su nombre una estancia en Caapucú y un pequeño avión. La policía lo había autorizado además a portar un arma, que estaba registrada legalmente en la Dirección de Material Bélico.
El hombre había pasado sin problemas las barreras de control policial, por lo que le extrañó que esta vez lo detuvieran tras exhibir su cédula paraguaya y una identidad por la que no había ni órdenes de captura ni antecedentes: Ivaldo de Oliveira.
Pero este hombre, con sus documentos aparentemente en regla, no contaba con que esta vez los del control eran los antidrogas que tenían la información, de que había ordenado el asesinato de al menos 80 personas en su país.
El hombre se llamaba en realidad Claudair Lopes de Faria, y hoy está cumpliendo varias condenas por narcotráfico en Brasil, donde lidera el grupo criminal Primer Comando Capital de São Paulo.
Lopes de Faria había huido hacia nuestro país tras una redada antidrogas, en la que capturaron a varios miembros de su grupo y se incautaron de más de 400 kilos de cocaína. Con la complicidad de funcionarios corruptos, había conseguido un certificado de nacimiento del Registro Civil, con el que gestionó la cédula que a su vez le sirvió para comprar y alquilar inmuebles, aviones y otros bienes, además de un arma que portaba legalmente.
Tras la captura y expulsión del jefe narco, solo algunos funcionarios de rango menor del Registro Civil, el Ministerio del Interior y la Presidencia de la República fueron condenados. En ese entonces las autoridades aseguraron que implementarían un sistema de control cruzado entre Identificaciones y el Registro Civil para que no volviera a ocurrir un episodio que nos colocaba como refugio de narcos.
Pasaron coincidente y exactamente 13 años y hoy volvemos a vivir la misma sensación.
Jueves 2 de junio de 2016. Sale a la luz pública el escándalo de una cédula y un pasaporte paraguayos otorgados a nombre del narcotraficante argentino Ibar Pérez Corradi, uno de los delincuentes más buscados por Interpol, a quien además le atribuyen el asesinato de tres empresarios. El hombre aún estaría en territorio paraguayo, según lo reveló en la 730AM su abogado Carlos Broitman.
Funcionarios corruptos de Identificaciones usurparon la identidad de un joven quien falleció hace más de trece años, para darle los documentos oficiales del Estado a un criminal.
“Mi familia y yo estamos muy consternados y muy dolidos con lo que hicieron estos sinvergüenzas policías corruptos” me dice Natalia Ortega, hermana del joven cuya identidad usurparon. “La pérdida de mi hermano fue muy dolorosa y repentina, y que pase esto y que no respeten el dolor de una familia es una vergüenza”, agrega.
Un dolor que se hubiese evitado con un cruce de información entre Identificaciones y el Registro Civil, para que la policía registre también las defunciones y detecte cuando se intenta expedir documentos a nombre de una persona que ya falleció.
Caso contrario, y mientras no se desmonte la estructura corrupta, seguiremos con la pirotecnia de la apariencia de los controles de cédulas y de los demorados por portación de cara, o de las barreras en las que solo cae algún que otro beodo irresponsable, mientras criminales se pasean libremente con documentos oficiales.
guille@abc.com.py