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Así fueron inscriptos más de 300.000 desde el 2012.
Pese a esto, seguimos manteniendo una ficción laboral bastante costosa para el Estado.
Son casi 3.500 los sueldos que se desembolsan mensualmente, a quienes figuran como inscriptores de la Justicia Electoral para, en teoría, realizar el mismo trabajo.
En teoría, porque en realidad es residual el número de personas que se atienden en las más de 260 oficinas del país, luego de la vigencia de la ley de inscripción automática.
Oficinas abarrotadas de funcionarios, cuando acuden a su lugar de trabajo, y en las que se esconden casos de planillerismo, subempleo y ficción laboral, con el argumento a modo de justificativo de que se ofrecen charlas de capacitación en escuelas y colegios, o asistencia técnica en elecciones de organizaciones intermedias.
La realidad es muy simple y no necesita maquillajes: hay mucha más gente que la que se necesita realmente.
Este diario vino documentando varios casos. Uno de los más emblemáticos es el del Registro Electoral de Luque, donde figuran 221 funcionarios, de los cuales 42 son guardias de seguridad.
“Nos igualan por lo bajo”, me dice un inscriptor que figura en otro local. “Nosotros ganamos lo mismo que gente que ni siquiera viene a trabajar, pero tiene su padrino”, continúa quejándose.
Uno de estos casos fue el expuesto también aquí hace unos días. Cinthia Centurión Amarilla, inscriptora de la Justicia Electoral que figura en Lambaré y que, en la práctica, es empleada de la familia del senador colorado Víctor Bogado. Según los registros, la funcionaria hizo cuatro inscripciones en cinco meses, cobrando un sueldo de 2.300.000 guaraníes.
Cuatro inscripciones en cinco meses. Lo que es igual a decir que por cada persona que inscribió esta funcionaria, el Estado le pagó 2.875.000 guaraníes.
Pero la ficción no solo es local. Basta recordar a los inscriptores turistas, algunos privilegiados funcionarios que fueron a inscribir a paraguayos en algunas ciudades de Argentina, Estados Unidos y España.
Un trámite que, además de ser discriminatorio (ya que estuvo disponible solo para quienes vivían en algunas ciudades de estos países), bien podría haberse hecho a través de un teléfono celular, o incluso a través de las representaciones diplomáticas paraguayas en el exterior.
Una mezcla de farsa y absurdo que termina perjudicando la imagen de unos 2.000 funcionarios, quienes son los que trabajan realmente en la institución, articulando la organización de las elecciones.
Alguien tiene que parar esta ficción laboral que se lleva unos buenos miles de millones de guaraníes del Presupuesto. Una farsa que se financia con dinero público y que, es lógico suponer, no va a ser frenada por los caciques políticos que se encargaron de montar sus estructuras prebendarias con la billetera ajena.
guille@abc.com.py