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Frente al barrio Remansito de Villa Hayes, una hectárea de tierra cuesta hoy entre US$ 100 y US$ 150 mil. Sin embargo, el exintendente de esta ciudad, Basilio “Bachi” Núñez, asesor político “con permiso” del presidente Horacio Cartes, en un arranque de generosidad, decidió “vender”, sin entrar a juzgar si podía hacerlo o no, una isla y un brazo del río Paraguay, que en total suman 10 hectáreas por la mísera suma de G. 52 millones. La beneficiada por tan apetitosa oferta fue Claudine Rojas Arévalos, casualmente una persona muy allegada a la familia Núñez, tanto que ahora es la novia de uno de los hijos del intendente actual, Ricardo Núñez. No caben dudas de que esta afortunada mujer –quien además se desempeña como secretaria de la Opaci, una organización que cada mes recibe buena plata de todos los municipios del país, y que desde hace 10 años esta regenteada por los Núñez–, hizo el negocio de su vida. Esas 10 hectáreas las volvió a vender, cuatro meses después, por G. 1.065 millones a Juan Guillermo Talavera Gustale, un empresario con oscuros antecedentes en los negocios de las telecomunicaciones. Coincidentemente, Juan Guillermo es hermano de quien fungía como asesor ad horórem de HC en Acepar, Fernando Talavera, quien hoy ya estaría alejado del entorno presidencial.
Ahora aparecen otros documentos que revelan que la comuna de Villa Hayes, transfirió más propiedades a Claudine, incluso dos de ellas ubicadas sobre la avenida Costanera de esta ciudad a un precio irrisorio de G. 7 millones cada una. Los Núñez se defienden y argumentan que todo lo que ellos autorizaron contó con el aval de la Junta Municipal, pero llamativamente, no aparecen las actas de las sesiones y solo un par de resoluciones que según la exconcejala Belinda Gómez, serían documentos fraguados.
Llama la atención el poco interés demostrado hasta ahora por los agentes del Ministerio Público para interiorizarse de este caso, pese a todos los elementos y las evidencias que fueron apareciendo en sucesivas publicaciones. Se teme que las fiscalas Zully Figueredo, de Delitos Ambientales, y Josefina Aghemo, de la Unidad Penal, quienes habían intervenido el recinto municipal requisando equipos informáticos y documentaciones, no tengan las suficientes agallas para procesar a los involucrados en esto que tiene todos los indicios de ser un verdadero negociado, un delito de lesión de confianza, y que además constituye un grave atentado contra el ecosistema al haberse apropiado de parte del cauce del río Paraguay.
Es de esperar que se llegue a la verdad en este aberrante caso, y que los involucrados rindan cuentas ante la justicia, sin que interese que uno de ellos sea el asesor del presidente.
jtorres@abc.com.py