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La paradoja. Paraguay, en materia eléctrica, tiene varios récords regionales: es el país con mayor producción de energía eléctrica per cápita, mayor exportador, mayor componente de energía renovable y limpia y, finalmente, el dudoso récord de ser el ÚNICO PAÍS de la región que no dispone de una reforma de la ley eléctrica y su correspondiente reglamentación. Si hubiere algo parecido a un ranking FIFA para calificar las REFORMAS ELÉCTRICAS, Paraguay estaría en la posición 20, considerando solamente 20 países de Iberoamérica. Como el cerdo, estamos huérfanos de herramientas legales e institucionalidad en este importante sector de la economía, tanto para proteger al real CLIENTE (me refiero al que paga su factura), promover desarrollo e inversiones privadas y realizar transacciones energéticas con terceros países.
¿Por qué precisamos una ley eléctrica actualizada? EL USUARIO es el centro de atención de una ley eléctrica actualizada que propicie la calidad y continuidad del servicio a un precio justo.
¿Se imagina el usuario que, ante el eventual mal servicio, la legislación obligue automáticamente al proveedor a otorgar créditos por servicios no prestados (fluctuación o cortes del servicio), aparte de fuertes multas por los daños ocasionados?
¿Se imagina el usuario poder cambiar de Comercializador de energía tal como hoy puede cambiarse de operador de servicio celular?
¿Se imagina el usuario comprar energía prepaga comprando tarjetas y ajustado a sus ingresos sin cobros adicionales por corte, reconexión, multas, recargos y moras?
La ANDE, debido al diseño anacrónico de la Ley 966, se constituye en planificador, productor, transportista, distribuidor, comercializador y regulador del sector, resultando esta polifacética asignación de funciones en una actuación harta ineficiente, impactando negativamente en la población en general, que sufre –además– las consecuencias de la deficiente gestión, pero, curiosamente, sus representantes en el Congreso asumen que esta situación es normal y correcta. Nada más alejado de la realidad regional y mundial.
ES UNA FALACIA afirmar que toda la industria eléctrica sea un monopolio natural, porque la prueba en contrario está reflejada en que la mayoría de las reformas eléctricas actuales han logrado segmentar vertical y horizontalmente el sector eléctrico, introduciendo libre competencia en producción y comercialización, y en los sectores de transporte (vinculan eléctricamente a los productores con las distribuidoras) y distribución (llevan energía a los centros de consumo) se regulan calidad y precios –sin declarar exclusividad de ninguna manera– debido a la tendencia monopolista en el sector del cableado o redes.
TODOS los países han hecho reformas eléctricas utilizando cualquiera de los esquemas regulativos disponibles y experimentados a la fecha: a) Costo del servicio o b) Regulación por incentivos o por PBR (Performance Based Ratemaking) en sus distintas variantes: Precios máximos (Price Cap), Ingresos máximos (Revenue Cap), Competencia por comparación (Yardstick competition) o Empresa modelo eficiente (variante chilena).
Los países de la región con fuertes tendencias ESTATISTAS prefirieron el esquema regulativo Costo del Servicio y obstaculizan la desintegración vertical de la industria eléctrica. Algunos ejemplos son: Venezuela, Uruguay, Costa Rica, Paraguay. México, desde 2013, está bajo una reforma energética y hay expectativas de mayor liberalización de la industria.
El usuario necesita protección, transparencia y rendición de cuentas.
El Gobierno necesita enviar al mundo una señal clara que de Paraguay está dejando atrás la carreta y transformándose en país actualizado, seguro y promotor de las inversiones, más allá de las declaraciones políticas de rigor.
La academia necesita duplicar esfuerzos para sistematizar el análisis, fomentar la discusión y producir trabajos académicos relativos a los esquemas regulativos en aquellas áreas de la economía que la precisan, tal como la energía eléctrica, gas, agua, alcantarillado, etc.
Los representantes del pueblo necesitan ponerse del lado de este promoviendo instrumentos legales e instituciones que lo protejan y faciliten las inversiones privadas.
Paraguay tiene un retraso de más de 20 años en términos de reformas del sector eléctrico; nos coloca en la cola de la tabla de posiciones en materia de estructura legal e institucional en el sector eléctrico, dejando a los usuarios completamente desprotegidos y a la merced del monopolio estatal. Asimismo, el Paraguay ha quedado aislado de los grandes mercados vecinos, y el modelo actual de ANDE ha anclado el desarrollo económico del país.
A modo de graficar los avances regulativos del sector eléctrico de los países de Iberoamérica, se adjunta una tabla en que se observan las informaciones relativas a cada país en materia de ley eléctrica aprobada, órgano regulador creado y la reglamentación correspondiente del sector eléctrico (desintegración vertical).
* Autor de la tesis: “Esquemas Regulativos en Distribución Eléctrica” – UNA, Paraguay.