San Jorge y el “teju guasu”

SALAMANCA. En una de esas encuestas rápidas que se publican en nuestra edición digital, el viernes último se incluía la pregunta: “¿Debe renunciar la ministra de la Seam, María Cristina Morales, tras el escándalo que ocasionó proponer la cacería del teju?”. Las respuestas dadas por los lectores daban al “Sí” un 89.95% y un 10.5% estaba por el no. No estoy de acuerdo con tales resultados. Pienso que la ministra de la Secretaría del Ambiente (Seam) no debe renunciar; tampoco debe ser destituida. Lo que corresponde en este caso es que la ministra sea llevada ante la justicia para que allí se determine la responsabilidad que tuvo en la decisión de la cacería de 214.000 ejemplares de este lagarto.

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Cuando era joven, me impresionó vivamente una talla en madera, de la época de los jesuitas, de un San Jorge que, en lugar de estar matando a un dragón, animal propio de la mitología europea, estaba matando un gigantesco teju guasu, animal que le resultaba mucho más familiar a los indígenas que buscaban catequizar. No podía imaginar entonces que ya entrado el siglo XXI le aparecería una seria competencia al santo cristiano en forma de ministra del Poder Ejecutivo, para lanzarse a la matanza indiscriminada del teju, mucho más real que el dragón mitológico y mucho más rentable, ya que existen muchas empresas en Europa que pagan muy buen precio por su piel.

Este lagarto, que puede llegar a medir hasta 1.30 y pesar 5 kilos, conocido con el nombre científico de Tupinambis rufescens y al que familiarmente llamamos teju guasu pytã o abreviadamente teju, es muy apreciado por su piel que puede terminar convirtiéndose en artículos de lujo como zapatos, bolsos, cinturones y carteras, fabricados por marcas exclusivas a las que tienen acceso muy pocos privilegiados. He aquí, entonces, un buen negocio, ya que ellas no pueden (o no deben) adquirir pieles con un origen ilegal, sino a través de autorizaciones legales de cacería.

Los 214.000 teju que iban a ser sacrificados podían reportar una suma interesante: alrededor de 12 millones de dólares que se distribuirían de la siguiente manera: el acopiador-exportador vende cada piel por 60 dólares (al cambio de 4.600 guaraníes, son 280.000 por unidad) y le paga al cazador, generalmente un indígena, la vertiginosa suma de 10.000 guaraníes; vale decir, que le queda una utilidad de 270.000 guaraníes por unidad, sin moverse de su oficina con refrigeración, mientras el cazador desafía temperaturas superiores a los 40º C bajo el sol del Chaco.

Siempre he defendido la idea que por lo menos en Paraguay, Argentina y Bolivia, la verdadera persecución del indígena no estuvo a cargo de los conquistadores españoles sino de los criollos y mucho más después de que nuestros países se independizaron de la Corona de España. Estamos ante un caso ilustrativo de esa explotación por parte de quienes les queda chica la boca para llenarla de palabras como “patria”, “patriotismo”, “paraguayidad”, “nuestros ancestros guaraníes” y cosas parecidas, que en realidad no significan nada para ellos; por eso, apenas se les presenta la oportunidad no dudan en escupirlas para dar lugar a los cálculos que deben hacer para convertir los guaraníes en dólares o viceversa y regatear al indígena el precio que quiere cobrar por su trabajo.

El caso planteado por la mal llamada Secretaría del Ambiente, pues poco o nada hace por él, no se trata de un pequeño descuido, de un olvido o un cálculo mal hecho. Es algo marcadamente grave: se tomaron como base datos de tiempo atrás, casi una década, para autorizar algo que, desde el vamos, se sabía que no era legal; se ignoraron leyes para dar primacía a un decreto del presidente Horacio Cartes, lo que pone en evidencia que la ministra desconoce el sencillo principio de prelación de las leyes, para finalmente tratar de disfrazar toda la chapuza afirmando que había actuado de acuerdo a “principios científicos”. ¿Es científico autorizar la matanza no solo de los animales grandes sino también de sus crías? Claro que luego se excusó diciendo que estas serían usadas como mascotas violando la Ley 92/92 que prohíbe dañar o destruir huevos, nidos, cuevas y guaridas, así como la caza de crías o de los individuos adultos de los que estas dependen.

Es por todo esto que no estoy de acuerdo con que la ministra renuncie, y que en cambio sea llevada ante la justicia porque se debe hacer responsables a las personas de las atrocidades que hacen o autorizan hacer. Así sea el propio San Jorge con ropas de mujer.

jesus.ruiznestosa@gmail.com

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