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El lago con sus aguas llenas de algas tóxicas, de peces muertos, de babas verdes y malolientes es una metáfora del Paraguay. Una metáfora especialmente adecuada y también especialmente dolorosa por lo emblemático que es el lago Ypacaraí.
Desde entonces, en sucesivos artículos, he ido multiplicando casos similares en los que la ineficiencia, la falta de capacidad, la corrupción y el desinterés de las instituciones han llevado al desastre las más diversas problemáticas: la ecología, el tránsito, el caótico y desordenado crecimiento urbano, la pésima recolección de basura y un largo etcétera.
Curtiembres, mataderos y toda clase de establecimientos de alta generación de residuos tóxicos descargan toneladas de desechos en el lago. Es, sin duda, una expresión acabada del salvajismo de los responsables de las empresas, de la falta de conciencia y de cultura cívica de quienes piensan “yo me avivo, ahorro unos guaraníes y que otros limpien lo que ensucio”. Cuando hay cientos de personas pensando y actuando así, el resultado es catastrófico.
Pero si es cierto que esas personas son culpables y merecen sanciones ejemplares, no lo es menos que el grueso de la responsabilidad recae sobre las autoridades que permitieron este desastre durante décadas: los intendentes actuales y pasados, pero también las autoridades sanitarias, las gobernaciones de Central y Cordillera y el Gobierno nacional.
Afirmo esto por experiencia propia y con pleno conocimiento de causa. Cuando construí la planta de lavado industrial de vaqueros ni siquiera sabía que alguno de los productos que usaba podía ser contaminante. De todas formas, instalé una depuradora, porque así lo exigía la ley; pero podría llevar tranquilamente décadas trabajando sin ocuparme en absoluto de la depuración y sin que nadie me molestara.
Ninguna autoridad local, nacional, sanitaria o ecológica me pidió instalarla o comprobó que lo hice.
Irónicamente solo la marca internacional que compraba mis productos de exportación se ocupó de enviar expertos para comprobar que cumplía con las leyes del Paraguay y con sus propias normas.
Por coima o por desidia, las instituciones (insisto, todas: municipios, gobernaciones y Gobierno central) no hacen cumplir las leyes ni se toman la molestia de supervisar su cumplimiento. Son pues tan salvajes y tan culpables como las irresponsables empresas que inundan el lago con toneladas de porquería.
Pero aún hay más. Por la evolución normal del crecimiento, porque hay mayor oferta de trabajo y por tratarse, además, de la zona de turismo interno por excelencia de nuestro país, tanto la población estable como la colonia de veraneantes han crecido en torno al lago a mucha más velocidad que el promedio del país.
Junto con la población se multiplicaron las viviendas y las instalaciones turísticas y las empresas de servicios, pero no hay obras edilicias ni de equipamiento sanitario para sostener las necesidades de esa población. Las fábricas no tienen depuradoras, los municipios tampoco.
En resumen: las fábricas de todo tipo y los municipios, cada vez más poblados de la zona de influencia del lago vienen tirando, por igual, su mierda al lago sin ninguna precaución o tratamiento por décadas y, a pesar del colapso ecológico, continúan haciéndolo actualmente, porque no existe la infraestructura que permitiría no hacerlo y las infraestructuras no se pueden improvisar.
La culpa la tienen todos y a todos la ley debe castigarlos, si no quiere convertirse en cómplice: empresas que trabajan fuera de la ley, autoridades que por desidia, por corrupción o por incapacidad no la han hecho cumplir y que, además, ellas mismas no la cumplen.
Pero en último análisis la mayor responsabilidad recae en las instituciones que no han funcionado y las autoridades que no han hecho su trabajo. Como en el cuento infantil, entre todos mataron a la “gallina de los huevos de oro”, haciendo de un paraíso turístico un infierno tóxico.
rolandoniella@gmail.com