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Actualmente tampoco está definida la “antropología de la educación”, no sabemos con fundamentos científicos con qué modelo de hombre y mujer queremos educar, sobre todo teniendo en cuenta el inevitable pluralismo cultural omnipresente, en un mundo tecnológico y en una sociedad de la información y el conocimiento.
Dentro de la estructura pedagógica tampoco tenemos actualmente definida la “sociología de la educación”, es decir, para qué modelo de sociedad estamos educando. Se trata de una definición tanto más urgente, cuanto más violenta y polarizada se va convirtiendo nuestra sociedad, no solo por la evidente inequidad, sino por la insensibilidad de los corruptos que roban descaradamente el dinero de las arcas del Estado y se amparan en la manipulación de una administración de justicia también contaminada de corrupción.
Además de la debilidad de la estructura de los fundamentos pedagógicos, estamos padeciendo la debilidad de la estructura legal del sistema. Tenemos un sistema que en grandes sectores está anárquico, porque no hay leyes que lo rijan y ordenen. El artículo 75 de la Constitución Nacional dice que “la educación es responsabilidad de la sociedad. Y en particular recae en la familia, el municipio y el Estado”, pero desde 1992 los legisladores no han tenido tiempo de elaborar y sancionar las leyes correspondientes a la educación municipal y a la educación familiar. Comparando nuestro cuerpo legal para la educación con el de otros países, estamos deficitariamente lejos de los parámetros normales. O lo que es peor y sucede en educación superior, las leyes de la Aneaes y del Cones, junto con la praxis del Congreso, contradicen lo que dice la Constitución Nacional con respecto al gobierno de las universidades e institutos superiores y, en general, del sistema educativo. La Constitución dice que la responsabilidad del gobierno (“dirección y gestión”) de todo el sistema, también la educación superior, es del Ministro de Educación, pero la realidad es que la ley 4995 confía al Cones la habilitación e intervención de las universidades e institutos superiores, en cuyas decisiones el Ministro es solamente un voto entre trece. La ley 2072 confía a la Aneaes la acreditación de las citadas instituciones, sin que intervenga el Ministro; y el Congreso las crea y cierra por ley sin que el Ministro participe en ello. ¿Qué significan entonces los artículos 240 y 242 de la Constitución Nacional? El resultado es que no hay gobernabilidad de tales instituciones.
Tampoco el sistema educativo ni el MEC, en concreto, tienen estructura razonable y suficiente para ocuparse de la construcción y mantenimiento de los edificios (infraestructura) del sistema, ni siquiera de las instituciones escolares que están en su administración. De todos es conocido el estado calamitoso, de ruinas o grave deterioro de más de la mitad de dichas instituciones escolares. No hay ley sobre la infraestructura edilicia del sistema y empezando por el mismo edificio del Ministerio la imagen y funcionalidad, lejos de lo exigible, son lamentables.
La difusión de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) es un hecho y su inmersión en los escenarios educativos en todos los niveles y sectores de la educación es una realidad progresiva, sin embargo, servicios de capital importancia como la “educación a distancia” y cuanto se refiere a la sociedad virtual y los impactos de las TIC en el desarrollo humano, el sistema educativo y el país para otras actividades del ramo, no cuentan con la normalización legislativa necesaria.
Hace veinte años, la Ley General de Educación (1264) proponía la educación campesina y rural, imprescindible en un mundo en el que la agricultura y la ganadería se desarrollan con nuevas tecnologías y planteamientos científicos, pero a estas alturas el sistema nada ha estructurado para ello.
No es maquillaje, el sistema educativo necesita cambios estructurales.