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La semana pasada hubo un experimento social muy interesante en el que dos grupos de personas, que normalmente defienden intereses contrapuestos -empresarios y sindicalistas- se agruparon contra el enemigo común: el proyecto de ley que establece un sistema de fiscalización a las cajas de jubilaciones y pensiones, que hoy no tienen regulación alguna. Justamente por esa falta de mecanismos de control, en el pasado estas entidades fueron escenario de fraudes y megaestafas o, cuando menos, malos manejos administrativos, sin que ninguna autoridad pudiese intervenir para evitarlos.
Así fue como, por ejemplo, en su momento el Estado tuvo que socorrer con 18 millones de dólares del dinero de los impuestos pagados por nosotros, los ciudadanos, a una caja privada -la de los empleados bancarios- para evitar su quiebra.
Es inevitable pensar que de haber existido un regulador de los actos de las autoridades de las cajas, descalabros como este, y también como el de la Caja de Jubilados de Itaipú (Cajubi), no se hubiesen producido o, por lo menos, sus artífices hubiesen encontrado algún obstáculo en el camino.
El Estado no sabe cuánto dinero tienen las aproximadamente 10 cajas de pensiones que operan en el país, pero solamente la del Instituto de Previsión Social (IPS) tiene activos por valor de 3.000 millones de dólares, lo que nos da una idea de la magnitud de los intereses en juego. Así también se estima que alrededor del 20% de la población económicamente activa es aportante a alguna caja, o bien hoy hace uso de los beneficios para los cuales alguna vez aportó. No obstante, en una economía que avanza hacia lograr una mayor formalización, lógicamente ese porcentaje irá en aumento y, por ende, las cajas manejarán cada vez más recursos.
Y como frente a la realidad insoslayable de que estamos ante minas de oro susceptibles permanentemente de defraudación había que lanzar un mensaje contundente a la población, ¿qué mejor que hacerlo con el “cháke” de la política partidaria metiendo mano en la plata de los jubilados?
Personalmente puedo decir que después de leer el proyecto de ley dejé de considerarlo un enemigo. Después de todo, si mensualmente aportamos parte de nuestros ingresos a una caja, para un día tener derecho al goce de la jubilación, ¿por qué no querríamos que el uso de esos fondos esté supervisado y fiscalizado? y que, incluso, mucho antes de que se produzca un eventual perjuicio, un ente rector, que en este caso sería la superintendencia que instituye la ley, tenga atribuciones para intervenir. Claramente también tenemos que asegurarnos de que la ley tenga los cerrojos suficientes para lograr un control recíproco y que la superintendencia a crearse sea un organismo verdaderamente técnico.
Tratemos de que no nos vendan gato por liebre, que no nos figuren un enemigo que no existe. O, en todo caso, no dejemos de considerar que quizá el enemigo podría ser otro.
pcarro@abc.com.py