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El 1 de marzo de 2019, Obras Públicas procedió a la apertura de sobres Nº 2, “propuesta de precios”, de los oferentes habilitados conforme al puntaje técnico que obtuvieron según dictamen del comité de evaluación de ofertas, con el que dos empresas recibieron la puntuación máxima de 100 puntos. Se trató de la Licitación Pública Internacional para la habilitación y pavimentación del tramo desvío Alberdi-Pilar-obra 1; desvío Alberdi-Río Tebicuary, de 56,56 km, y travesía urbana Villa Franca, de 2,297 km (ID 343363).
De acuerdo con los trascendidos, para determinar el puntaje técnico, el comité de evaluación de ofertas habría considerado tres aspectos: las certificaciones (facturación) en los últimos 10 años; obras similares construidas en igual periodo y el parque de maquinaras del que disponía el oferente para la obra que es objeto de la licitación.
En la región, las entidades oficiales contratantes de obras públicas emplean sistemas similares en licitaciones de contratos de carreteras, electromecánicas, hidráulicas, portuarias, canalizaciones, de ferrocarriles, etc., con la diferencia de que las evaluaciones están a cargo de organismos creados por ley para ese fin en particular. Por ejemplo, en Argentina dicho organismo se denomina “Registro Nacional (o Provincial, según el ámbito de aplicación) de Constructores y Consultoras de Obras Públicas”. Para asegurar la imparcialidad y transparencia de sus dictámenes, aparte de los funcionarios designados por Obras Públicas, hay un representante por el Ministerio de Hacienda, que de implementarse en nuestro caso sería la SET (Secretaría de Estado y Tributación), otro en representación de la Cámara de Constructores, que para nuestro caso sería la Capaco (Cámara Paraguaya de la Construcción), la cámara de Consultores de Ingeniería, que para nuestro caso sería la CCP (Cámara de Consultores del Paraguay), y otro por el Consejo Profesional de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, que para nuestro caso sería el CPI (Centro Paraguayo de Ingenieros) o afines.
De este modo, con la participación de todos los actores, se asegura transparencia e imparcialidad absolutas en las puntuaciones para habilitar a los oferentes, contrariamente a evaluaciones sometidas al arbitrio de funcionarios temporales, y la posibilidad de manejos sospechados de corrupción o espurios, las influencias de recomendaciones, presiones políticas, etc.
Referente a la parte operativa del Registro, se procede a la actualización permanente y continua, de las obras ejecutadas y en ejecución de las contratistas registradas, régimen de certificación, estado contable, incumplimientos, retrasos, parque de maquinarias, curriculum vitae de la plantilla de profesionales y, mediante un algoritmo matemático, emite un “cupo anual de contratación”, indispensable para toda licitación.
En referencia a los equipos (en el caso de las vialidades), registran los equipos de las empresas, lugar donde se encuentran, posible fecha de desafectación y fecha en que podrían ser incorporados a la obra objeto de la licitación. Este requisito impide que las mismas máquinas ofrezcan en todas las licitaciones (como pasa aquí en Paraguay), y también obliga al oferente, a presentar carta de intención de equipos a adquirir, acompañado de factura pro forma de resultar adjudicado.
En caso que el “cupo anual de contratación” resulte menor al monto oficial, es común que dos o más empresas sumen cupo, mediante una “UTE” (Unión Transitoria de Empresas) con vigencia para la obra licitada, figura contemplada en la ley. De este modo se evita la monopolización (o acaparamiento) de las obras por algunas empresas, muy común en nuestro medio. Si el MOPC implementa en el futuro un sistema similar, las puntuaciones, en lugar de ser emitidas por funcionarios “condicionados” y fuera de un marco legal, tendrían un carácter “multicriterio” y gozarían de mayor credibilidad.
ccaceres@abc.com.py