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Así comenzó.
Solo un solitario Miguel Abdón Saguier, en un primer momento, cuestionó duramente el hecho que los “gerentes” de Cartes participaban, como privilegiados observadores, de las reuniones del consejo de ministros. El legislador liberal hizo incluso una denuncia en el pleno del Senado, protestando por el total acceso a las informaciones clasificadas que, se supone, tienen los ministros de Estado.
El gobierno aceleró entonces la conformación del “centro de Gobierno”, un conglomerado de asesoramiento especial, que se encargaría de “monitorear” la gestión de los ministros “oficiales”, una especie de árbitro que estaría como contralor de gestiones detrás de los ministros del gobierno.
La idea la había implementado el gobierno del chileno Sebastián Piñera con relativo éxito. Estaba fundamentada en que la función pública no necesariamente recluta a los mejores talentos ni los más eficientes y que una persona de la total confianza presidencial, con ímpetu suficiente para picanear a los ministros y asegurarse de cumplir las promesas de buena gestión. La diferencia es que la solidez institucional de los chilenos dista años luz de la nuestra.
Aquí se confundió todo: el rol de los asesores presidenciales, conocidos como los “gerentes”, los “Cartes boys” o “La Camporita” se ve hoy mucho mas semejante a cazadores de negocios que a garantes de la eficiencia de la gestión ministerial. Las dudas sobre el verdadero papel que cumplen el tabacalero José Ortiz o el propio Juan Carlos López Moreira no hacen más que abonar la sospecha de que en realidad, la información privilegiada a la que tienen acceso es utilizada mucho más en beneficio particular que en la concreción de proyectos para beneficio público.
Mas allá del conflicto de intereses que obviamente se presenta en la situación descripta está el absoluto “puenteo” a los artículos 240 y 243 de la Constitución, que establecen claramente que la dirección y la gestión de los negocios públicos están confiadas a los Ministros del Poder Ejecutivo, a quienes el Presidente debe convocar y que se reunirán en Consejo a fin de coordinar tareas ejecutivas.
Según fuentes de Palacio, quien se reúne de vez en cuando con los ministros es López Moreira mientras que otros, neodisidentes de la gestión, afirman tajantemente que el que ordena es José Ortiz; alguno avezado señala que el grupo que decide es en realidad el que se reúne tipo 21.30 en Mburuvicha Róga, para disfrutar de algo más contundente que un jugo de naranja. Las versiones son varias.
Lo concreto es que el Consejo de Ministros no existe en la era HC; hoy ya hay ciertamente dudas en cómo se toman las decisiones de gobierno y que ambos puntos solo consiguen confirmar que la institucionalidad de la República está en franco retroceso. Y aún tenemos 21 meses de esta gestión por delante. ¿Cuántos negocios se podrán concretar en ese tiempo?
ana.rivas@abc.com.py