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Al promulgarse la Ley de Educación Superior (4995) el dos de agosto de 2013 empieza una nueva etapa de reordenamiento de la educación superior con la creación del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y el Viceministerio de Educación Superior, creado poco antes.
En los principios de nuestra actual democracia y después de la promulgación de la Ley General de Educación (1998), los sucesivos ministerios de Educación no han propuesto políticas de educación superior. No ha habido más propuestas de políticas de educación superior que las que propuso el Consejo Asesor de la Reforma Educativa (CARE), especialmente las presentadas por el Dr. Vicente Sarubi y posteriormente las propuestas por el Consejo Nacional de Educación y Cultura (Conec) en sus informes anuales de la situación de la educación y especialmente las propuestas por diversas consultorías y publicaciones entre las que destacan las del Dr. Domingo Rivarola.
La suerte de las políticas propuestas por el CARE y el Conec ya se sabe cuál ha sido, ninguna de ellas fue asumida ni procesada por las autoridades ejecutivas de esos respectivos años.
Actualmente es insostenible la carencia de políticas de educación superior. La situación descrita brevemente al principio de esta columna demanda urgentemente la deliberación, decisión y puesta en acción de políticas pertinentes. El Cones ha creado la Comisión de Políticas y prepara su Libro Blanco para publicar después de haber recogido en varios congresos departamentales y uno nacional las opiniones de los actores y miembros de la sociedad interesados por la educación superior.
El Conec, además de sus propuestas sugeridas en sus informes periódicos sobre la situación de la educación, ha puesto en marcha una consulta nacional preguntando “Qué educación queremos” recorriendo diez departamentos del país, para consolidar su responsabilidad de proponer políticas partiendo de lo que la ciudadanía quiere.
Al mismo tiempo, las comunidades educativas de la educación superior, es decir, los principales actores de la misma y el resto de los ciudadanos interesados tenemos mucho que reflexionar sobre qué educación superior necesitamos, podemos y queremos instalar en nuestro país. No hay tiempo que perder porque el tiempo vuela a la velocidad acelerada de los cambios científicos, tecnológicos y culturales y, sobre todo, porque el 56% de nuestra población tiene menos de treinta años, lo que significa que todos ellos están en las edades de educación y formación fundamental para la vida y el trabajo profesional y carecerán de futuro viable si no se comprometen con educación actualizada, competente y de calidad.
Entre las políticas de urgencia está la de transparencia, que implica sincera información como mínimo de lo que cada institución es y hace, cómo lo hace, para quiénes y para cuántos. Imposible definir políticas sin información. La educación superior necesita orientarse con una política compartida del bien común. Independientemente de los objetivos inmediatos de satisfacer los intereses individuales o grupales de los fundadores, cada institución educativa de este nivel tiene sentido si trabaja para el bien común, dicho de otra manera para contribuir realmente al desarrollo de la nación (Constitución Nacional, art. 79). Es absurdo que se malgaste tiempo y dinero formando miles de abogados que no necesitamos. Eso no es contribuir al desarrollo de la nación.
Podemos seguir comentando otras políticas apremiantes, como la de cooperación interinstitucional, la política de integración internacional, la de planificación curricular de futuro, etc. No son pocas las políticas necesarias, el ministerio, el Conec y el Cones no pueden eludir su responsabilidad de consultar, proponer y promover las políticas que ayuden a sanear y revitalizar el nivel superior de educación, que ponga a nuestro país las alas y motores que nos posibiliten volar a mucha más altura.
jmonterotirado@gmail.com