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El actual acelerado incremento de la deuda pública está justificado por la magnitud de las necesidades en un país donde las inversiones en infraestructuras y en proyectos sociales tuvieron un crecimiento lento desde el inicio de la democracia, lo que, dada la necesidad de ordenar la institucionalidad del país, resultaba comprensible.
El endeudamiento público es, ciertamente, un instrumento legítimo del Gobierno, pero requiere de planes bien estructurados y de instituciones eficientes que puedan ejecutar las inversiones en tiempo y forma para lograr el máximo rendimiento de los recursos obtenidos en los mercados financieros. Es decir, primero se tiene que formar la capacidad de gestión necesaria para recurrir al endeudamiento. En nuestro país está ocurriendo lo contrario, pues primero se captan los recursos sin que previamente se hayan desarrollado acabadamente los estudios de factibilidad técnica de los proyectos de inversión a ser financiados.
El endeudamiento público del Paraguay pasó del 10,7% del producto interno bruto al 19,5% del PIB en un periodo de solo cinco años (2011 a 2015); la ley que aprueba el presupuesto de 2015 otorga al Gobierno la posibilidad de emitir bonos por US$ 384 millones y existen préstamos en preparación con organismos financieros internacionales por otros US$ 365 millones.
La preocupación en esta coyuntura es si el Estado podrá hacer frente al cada vez mayor costo del servicio de la deuda, considerando la escasa evolución de la estructura de gastos e ingresos del Gobierno, caracterizada por el elevado nivel de los gastos rígidos y la baja presión tributaria, situación que obliga a contraer deudas para pagar deudas. Esto último constituye un mecanismo genuino de apalancamiento de las finanzas públicas, pero su utilización debería ser limitada, pues lo lógico sería endeudarse para realizar inversiones productivas.
La relación de la deuda con los gastos de la Administración Central y los ingresos tributarios permite ver cuán acelerado es el ritmo con que ella está creciendo.
Así, mientras que los gastos aumentaron a un ritmo de 15,6% anual en cuatro años, y los ingresos tributarios a una velocidad de 10,5% anual, la deuda pública total (externa e interna) creció a un promedio anual de 23,1% en el mismo periodo. A su vez, la presión tributaria se mantiene más o menos estancada y con una tendencia a la baja, tanto en 2014 (12,6%) como en 2015 (10,9%).
Cabe destacar también el sustancial crecimiento del servicio de la deuda en los años 2014 y 2015, en 25,9% y 36,8%, respectivamente, lo que en términos monetarios supondrá un incremento de US$ 387 millones en 2014 a US$ 530 millones en 2015. Es necesario acotar que estos valores no incluyen las amortizaciones de los bonos soberanos de la primera y segunda emisión.
También corresponde señalar dos aspectos significativos de la estructura de la deuda. Primero, que en corto tiempo los bonos soberanos, instrumentos que tienen tasas de interés mayores y condiciones contractuales más rígidas, pasaron de nada a representar el 27,7% de la deuda total. Segundo, que el 62,5% de la deuda pública está en dólares, lo que en un escenario de depreciación del guaraní podría empeorar las condiciones del endeudamiento.
Pero actualmente no es posible o es muy difícil hacer un seguimiento de la asignación de los fondos, cuando en todo el mundo la transparencia en la información pública es una tendencia irrevocable, con mayor razón tratándose del endeudamiento. Es, pues, sumamente necesario que el Gobierno informe a la sociedad civil cómo está ejecutando o piensa usar los recursos del endeudamiento público.
(*) Integrante del staff de CADEP