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Aunque muchos se muestren incrédulos y hagan bromas sobre la realidad de nuestro país, a lo largo de los años se ha construido una imagen hacia el exterior que se ha ganado cierto respeto. Y no es precisamente por la publicidad que pudo haber hecho el sector público, sino por el impulso que ha dado el sector privado y las tareas bien encaradas durante principios de la década del dos mil. Fruto de ello es la llegada de una importante cantidad de inversionistas interesados en diferentes rubros, lo cual ha permitido mantener en los últimos años un crecimiento de la economía que ha ayudado al desarrollo, aunque aún queda mucho por hacer.
Referentes de diversos sectores de la economía vienen trabajando en forma conjunta llevados por una preocupación: El rápido deterioro que está sufriendo la imagen del país a causa de medidas que se están adoptando desde el Congreso, la irresponsabilidad de un Poder Ejecutivo que está jugando con fuego y la conducta omisiva de la población ante determinados acontecimientos. Se están erosionando rápidamente las esperanzas de un mejor futuro.
La seguridad jurídica, así como la estabilidad económica y política, son condiciones fundamentales para construir un país serio. El Senado va a contramano y no solo está tocando determinadas normas, como la Ley de Alianza Público Privada (APP), sino ha aprobado sobre tablas un proyecto de expropiación de tierras del mayor terrateniente de la República, que nos costará a todos (al Estado) unos 165 millones de dólares, y que ha sido motivo de serias objeciones por parte del Indert, la entidad rectora de la reforma agraria; pretende insistir con un impuesto a la exportación de granos que terminará castigando a los productores, o alzarse con atribuciones del poder administrador que no le corresponden, como el caso de la fijación de valores fiscales para el cálculo del impuesto inmobiliario.
No se trata de avalar o no una ley inconstitucional como la de APP, cuestionada con fundamentos en su momento; tampoco se trata de defender a Tranquilo Favero porque “entiendo” que tiene el suficiente dinero para contratar a un ejército de abogados que lo hagan. Tampoco hay discusión sobre la necesidad de fijar un impuesto justo que obligue a los grandes productores y dueños de amplias extensiones de tierras a abonar mayores impuestos.
La preocupación radica en que gran parte de las medidas que se están aplicando o se pretenden hacerlo son solo fruto de unas internas partidarias que tienen por objetivo hacerle un “cháke” al Presidente de la República. Lo más probable es que a finales de julio los veamos a Cartes y los senadores detractores en un efusivo abrazo republicano y con la oposición despotricando contra el Partido Colorado (con quienes hoy están de luna de miel).
La cuestión es que esto lo podemos entender desde nuestra idiosincracia y con base en la experiencia vivida a lo largo de los años, pero el daño que se causa hacia el exterior es tremendo. No se piensa en el país sino en el capricho y en los intereses personales. Para peor, poco favor le hacen al país algunas instituciones como la Policía Nacional o la Contraloría con sus escándalos.
Es hora que los responsables del gobierno, especialmente el Poder Ejecutivo y el Legislativo, pongan punto final a esta disputa. Es hora de pensar en el país. Lastimosamente existe una ciudadanía apática que no reacciona ante estos atropellos. De lo contrario la historia hubiera sido otra.
rsosa@abc.com.py