Cargando...
La proliferación de toda clase de fechorías en el manejo de la administración pública se debe, en parte, a que los delincuentes de guante blanco presumen que no sufrirán castigo alguno por sus acciones pues, si son descubiertos, existe un manto de silencio y complicidad que tapará el “error administrativo”.
La actitud sumisa y complaciente de la justicia ante los transitorios dueños del poder se ha vuelto una enfermedad endémica de nuestra sociedad. Los que administran la aplicación de las leyes son demasiado serviles ante las autoridades nacionales y los líderes de los grandes partidos políticos.
Una prueba fehaciente y escandalosa de esta situación fue la revelación al público de los audios de conversaciones mantenidas por el anterior presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, senador Óscar González Daher, y de su secretario Raúl Fernández Lippmann. En estas grabaciones se constata cómo el titular del JEM negocia con fiscales y jueces la forma de resolver los expedientes de diferentes causas judiciales, según los intereses de los amigos del poder.
Asimismo, constituyó una decisión arbitraria y fuera del marco legal la autorización que la Corte Suprema de Justicia otorgó a los expresidentes de la República para ser candidatos a senadores activos cuando la propia Constitución Nacional determina claramente que “serán senadores vitalicios, con voz pero sin voto”.
Hay muchos casos de diputados, senadores, ministros y autoridades departamentales que tienen cuentas pendientes con la justicia, pero cuyos expedientes reposan por años en los cajones. Un lamentable ejemplo es la denuncia por torturas contra el exministro Walter Bower quien, después de 14 años, ahora fue obligado a prestar declaración preliminar.
En otro evidente “acuerdo entre amigos”, recientemente la Corte Suprema de Justicia liberó a todos los presos condenados por el trágico enfrentamiento entre policías y campesinos en Curuguaty argumentando “falta de pruebas”. Murieron 16 personas y nadie es culpable de nada.
Por las anteriores y otras muchísimas irregularidades, la administración de justicia en nuestro país está en deuda con la ciudadanía. El proceso de limpieza y renovación es urgente y necesario si las autoridades actuales hablan en serio cuando señalan que hay que terminar con los jueces amigos y enfatizar que los magistrados deben ser honestos, independientes y profesionalmente capaces.
El saneamiento exigirá una difícil y quirúrgica tarea, a fin de depurar la justicia, eliminando a los fiscales y jueces corruptos, y dando un respaldo a los profesionales del derecho apegados a la ley y a la honestidad.
Veremos si los líderes políticos se animan a concretar la promesa presidencial. Sería una magnífica sorpresa si así lo hicieran porque ello implicaría el fin de la subordinación de la justicia a los intereses particulares de la clase política.
ilde@abc.com.py