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En esos 32 años, la central hidroeléctrica paraguayo-brasileña registró una generación acumulada de 2.519.198.600 MWh. De esta mentalmente, “inaprensible” cantidad, 1.259.599.200 MWh, irrecusablemente integran el patrimonio soberano del pueblo paraguayo, pero fue aprovechada por consumidores, inclusive industriales, de los poderosos estados brasileños de São Paulo, Río de Janeiro, Paraná, etc., por un valor promedio de US$ 3/MWh sobre el costo de Itaipú.
De estas premisas, el contribuyente paraguayo, si las examina cuidadosamente, inferirá que el 2023, en Itaipú, es el gran desafío que aguarda no solo al nuevo gobierno que instala hoy en el Palacio de López, sino al pueblo paraguayo, sin exclusiones y mucho menos excusas. Tal vez, la última para recuperar su patrimonio e inclusive resarcirse de 28 años de pérdidas.
Si la experiencia enseña, capitalicemos la que tuvimos con Yacyretá, cuyo Anexo C venció el 27 de marzo de 2014, luego de 40 años de explotación casi exclusiva de su central hidroeléctrica por parte de nuestros socios condóminos argentinos.
Los que en nombre de la República negociaron la “revisión” de las bases financieras y de prestación de servicios de Yacyretá, una vez más, como en el aún inagotable pasado stronista del país, perpetraron dos delitos de lesa patria: la reclusión de los negociadores entre cuatro paredes, lejos del “calor popular”, como apuntaba el investigador norteamericano Miguel Carter; y su vergonzoso sometimiento a la ideología del colonizador se “pudo haber conseguido algo más favorable, pero se hizo lo que se pudo”, tal como lo admitió el ingeniero Ángel Recalde en mayo de este año en FIUNA.