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Anualmente la dependencia paquidérmica representa un gasto al contribuyente de más de G. 1.000 millones. Un dinero que se gasta al santo botón sin que tenga resultados útiles para los ciudadanos.
El tema nuevamente saltó al tapete esta semana cuando el martes los concejales en una “cocinada” con la Intendencia decidieron elegir como defensor al exconcejal colorado Bernardino Martínez, de cuestionada gestión legislativa e integrante de una patota que en 1999 atracó ABC Color.
Como prenda de cambio los oficialistas le propusieron a Lucio Ruiz Díaz como nuevo vicedefensor.
¿Qué ha hecho la defensoría vecinal o municipal en los últimos tiempos por la ciudadanía asuncena? ¿Cuál es su balance de gestión? ¿En qué invierten cada año los asuncenos esos más de G. 1.000 millones?
Sencilla la respuesta. La Defensoría se ha convertido en una dependencia más para el prebendarismo y cuoteo político de los concejales. Es un mastodonte prehistórico y arcaico. Allí se ubica a los funcionarios que ya no caben en otras dependencias de la Junta Municipal porque en los pasillos ya no hay lugar ni para un alfiler.
Cualquier operador “renegado” es enviado directamente en carácter de “comisionado” a la defensoría.
La defensoría vecinal se creó en 1991 y había asumido Leni Pane. En aquella ocasión, los asuncenos como no conocían aún para qué servía el cargo– iban con las quejas más inverosímiles. Recibía denuncias contra una tintorería que quemó la ropa al planchar o una pelea de vecinos porque uno quería podar una rama del lindero y el otro no.
Cuando concluyó su periodo y el cargo era muy apetecido por todos y ningún sector político tuvo la mayoría decidieron crearle un “vice” y así repartirse los cargos.
Con el tiempo la dependencia quedó anacrónica y su gestión pasó desapercibida en el más absoluto silencio. Tampoco cumplía ninguna de las funciones que le fueron asignadas en la anterior Ordenanza 65/91.
Entre las pomposas funciones que se les había asignado solamente citamos tres por razones de espacio: plantear proyectos ante la Junta y trabajar en “defensa de los derechos e intereses de los vecinos del municipio”. A ellas se suman la de “Fiscalizar la conducta oficial de los funcionarios y trabajadores municipales y velar porque desempeñen debidamente sus funciones (...)”.
Ninguna de estas responsabilidades, que sepamos, han cumplido. Los que han pasado por la dependencia poco o nada han hecho para favorecer a los ciudadanos.
Tras varias modificaciones surgió la actual 527/15 que realiza el cambio de nombre. ¿Alguna vez servirán para algo más que un florero?
pgomez@abc.com.py