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Hay exégesis para todos los gustos, pero finalmente la imposición fáctica apoyada en alianzas coyunturales de los grupos políticos termina resolviendo las cuestiones. Ocurrió en 1999, cuando la Cámara de Senadores funcionó con 44 miembros aun cuando la Constitución expresamente establece que debe contar con un mínimo de 45 integrantes, ocurrió en 2008 cuando una mayoría legislativa no permitió que un senador electo asuma el cargo y sentó en su lugar a un ciudadano que ni siquiera fue elegido.
Hoy estamos de vuelta ante la misma situación con la elección de Nicanor Duarte Frutos y la decisión unilateral del presidente de la Cámara de Senadores, Fernando Lugo, de no convocarlo para asumir funciones. En su resolución trae a colación el artículo 189 de la Constitución para seguidamente interpretar que ese artículo le impide convocarlo.
La mecánica administrativa sería perfecta si no fuera por algunas cuestiones. La candidatura de Duarte Frutos quedó firme durante el proceso electoral que concluyó con las elecciones generales del pasado 22 de abril. Durante ese proceso los partidos de oposición, incluido el movimiento interno de la ANR, recurrieron a todas las instancias judiciales para anular su candidatura. El caso finalmente llegó a la Corte Suprema de Justicia, que conforme la Constitución es la que la interpreta y la hace cumplir. Esta, en fallo dividido, resolvió que la calidad de senador vitalicio no impide postular para ser senador activo con todas las prerrogativas que ello impone.
Resuelta esa situación Duarte Frutos fue incluido dentro de los boletines de voto, participó primero de las internas y después formó parte de la lista de senadores de la ANR. Esa lista fue elegida por más de quinientos mil votos
Sentada la decisión judicial por la instancia designada por la Constitución para interpretarla y hacerla cumplir, siendo electo por más de quinientos mil votos y proclamada por la Justicia Electoral, constitucionalmente encargada de atender todo lo referido a las elecciones, la decisión del presidente de la Cámara de Senadores de no convocarlo se encuadra una vez más a esa disputa de facciones que arrastra nuestro imperfecta democracia.
Quienes cuestionan la validez de la candidatura de Duarte Frutos, sumada a la del presidente Horacio Cartes, sostienen que realmente la decisión de la Corte Suprema de Justicia estuvo comprada y que la prueba de ello es la elección de Alicia Pucheta, una de las que estuvo de acuerdo con la candidatura de Cartes y Duarte Frutos, como vicepresidenta de la República.
Los niveles de corrupción en el Poder Judicial permiten hacer todo tipo de suposiciones. Hasta presumir que todos los que votaron por la designación de la vicepresidenta también estuvieron comprados. No hay indicios que permitan llegar a esa conclusión, pero sí está claro que su designación formó parte de un acuerdo político. Uno más de los muchos que en democracia permiten hacer las designaciones para los altos cargos.
Seguramente hoy se resolverá de algún modo el juramento o no de un senador electo; pero esa será apenas la anécdota. El problema de fondo, como desde hace años, permanecerá sin resolución y muy probablemente a mediados de agosto tengamos otro sacudón.
A ningún sector político le interesa consolidar un proceso institucional. Con el caos todos pueden medrar. Eso explica por qué a pesar de las muchas denuncias de corrupción el juicio político a los miembros de la Corte está frenado desde hace años en la Cámara de Senadores.