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Esa cifra está en manos de un clan familiar al cual no se conoce actividad productiva alguna. Por lo menos tres miembros de ese clan ejercen la función pública: Óscar González Daher, senador; su hijo, Rubén González Chávez, concejal municipal de Luque, y la hija María Emilia, que “trabaja” en Itaipú con un sueldo de casi G. 50 millones. Por tanto, están sujetos a la rendición de cuentas y al control de sus movimientos económicos, algo que no se hizo, se hizo mal o se cobró para dejarlos pasar impunemente. Si no se dejan controlar y se niegan a rendir es porque esconden algo nuestro.
Ahora se sabe, que además de los hechos de tráfico de influencias del senador, ventilados a través de los audios; los abusos de su hijo (considerado el verdadero intendente de Luque) y el privilegio de la hija, existen fundadas sospechas de enriquecimiento ilícito a través de una inmobiliaria.
A ello debemos agregar serias sospechas de usura, chantaje, extorsión, abuso de poder, cohecho, entre otros, lo que significa que existen suficientes motivos para creer que los González Daher utilizaron sus cargos para la prepotencia política y abusaron de sus facultades para acumular fortuna, sin preocuparse por demostrar el origen de la misma, algo que es obligatorio para cualquier ciudadano común que desea depositar diez mil dólares en un banco.
Por lo mismo se puede suponer legítimamente que una parte de la fortuna multimillonaria que el clan González Daher tiene en su poder es de origen público, que las instituciones jurisdiccionales están obligadas a investigar hasta llegar a una conclusión cierta. Y si llegara a comprobar la sospecha, la justicia debería tener el valor de obligar a los González Daher a devolver lo ajeno y pagar por ello de acuerdo con la ley. Pienso que será fácil comprobar enriquecimiento ilícito dado que no es fácil en este país recaudar más que el IPS.
De ahí que la pérdida de investidura del senador, encarada más por la ciudadanía que por sus pares del Senado, debe abarcar también la separación del cargo de concejal del hijo para someterse a la justicia, sin aferrarse a los privilegios de que disfrutan y abusan, y para que sus aliados en la impunidad suelten amarras.
El monto cuyo manejo se atribuye al clan, a partir de un informe de una institución del Estado, Seprelad –no de una versión periodística–, es un poco menos nomás de las reservas (1.800 millones de dólares) que el Instituto de Previsión Social logró acumular, pero en cincuenta años, mediante el aporte mensual de trabajadores asalariados y de empresas formales de todo el país.
Es muy extraño que los anteriores titulares de la Seprelad no se hayan percatado del movimiento económico y financiero de los González Daher. Ellos también deben mostrar la cara y explicar a la opinión pública por qué no cumplieron con su misión, así como también el expresidente Horacio Cartes y tal vez los anteriores inclusive, teniendo en cuenta que la Seprelad es una secretaría ejecutiva dependiente directamente de los jefes de Estado.
Y lo que es más importante (y esto va directamente para el presidente Mario Abdo Benítez), si no quiere que este descubrimiento sea interpretado por la gente como una vulgar vendetta política, es necesario ir hasta el fondo del estercolero a buscar y encontrar de una vez toda la pocilga y sus conexiones, porque no deben estar muy lejos de ahí el albañal del “amigo del alma” con sus respectivos socios y las numerosas fortunas inexplicables que amasaron los magos de las finanzas, entre ellos los 127 que el nuevo director de Aduanas dice tener solo en esa institución.
Por eso, la caída de González Daher no debe ser el final victorioso de una batalla; apenas el comienzo de la sabrosa despedida a la depravación.
ebritez@abc.com.py