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Ese mismo ego, incapaz de aceptar sombras y eclipses, lo llevó a lograr al precio que fuera un acuerdo con las Farc, a fin de presentarse ante el mundo como el único presidente que había logrado poner fin en su país a cincuenta años de una guerra interior. Los comandantes de esta narcoguerrilla no tardaron en ver en el empeño de Santos su debilidad y se aprovecharon de ello para imponerle sus más atrevidas exigencias y fiscalizar en pie de igualdad con el gobierno su seguro cumplimiento.
El costo del acuerdo de paz y el descuido de muchos otros problemas nacionales dieron lugar a los desastres en que anda sumergido el país: inseguridad; fallas en la educación y la salud; desaforado gasto público en burocracia, publicidad oficial y toda suerte de prebendas a la vieja clase política para lograr su apoyo al gobierno; altísima deuda externa; ausencia de la inversión extranjera por cargas tributarias; alza de tres puntos en el IVA que afectó gravemente a los sectores populares y a la clase media. Finalmente, la falta de recursos y el incumplimiento de promesas oficiales para atender reajustes de salarios y los servicios básicos en poblaciones de extrema pobreza del Pacífico, han creado un agitado clima social sembrado de paros y protestas y explosivas movilizaciones cívicas como la que tuvo lugar en Buenaventura, con saqueos y cuantiosas pérdidas.
Toda esta crisis no es ajena al poder y al costo de los inquietantes beneficios otorgados a las Farc en el acuerdo de paz. Una extraordinaria conferencia que le escuché a José Félix Lafaurie revela cómo están logrando las Farc un extenso control territorial. Al tiempo que el Fondo de Tierras les aseguran tres millones de hectáreas, quedarán bajo su influencia la expropiación de zonas y baldíos por supuestos motivos de interés social o pretextos ecológicos. A lo anterior se agrega otra fórmula de restitución de tierras, las llamadas Zonas de Reserva Campesina (ZRC), propietarias de nueve millones y medio de hectáreas, que gozarían de plena autonomía política, económica y judicial.
Para el cumplimiento de estos puntos de vital importancia se ha creado una Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación de los Acuerdos, compuesta por tres miembros de las Farc (Iván Márquez, Pastor Alape y Jairo Quintero) y tres del Gobierno (Sergio Jaramillo, Rafael Pardo y Juan Fernando Cristo). Su poder será absoluto e inapelable en las confiscaciones y reparto de propiedades. En caso de empate en torno a cualquier atrevida decisión, el desempate lo harían los países garantes del proceso, Cuba y Noruega. Obviamente, todo esto pondrá en riesgo la propiedad privada. Para colmo, el control territorial de las Farc les asegurará corredores estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal.
Otro alarmante paso hacia el poder lo están dando las Farc con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Peligrosos terroristas han quedado recientemente en libertad, como es el caso de alias ‘Pedro’, autor del atentado al Club El Nogal; ‘Richard’, condenado a 60 años de cárcel por el secuestro de los diputados del Valle, “Bronco” y ‘Gafas’, el carcelero de Íngrid Betancourt. Mientras estos inusitados beneficios se les otorgan a las Farc, a un Diego Palacios y a los militares se les está obstaculizando o negando su solicitud de libertad.
Hay, pues, razones de sobra para temer que el ego triunfalista del presidente Santos nos esté llevando fatalmente por un camino como el de Venezuela.
[©FIRMAS PRESS]
* Periodista y escritor colombiano. Colaborador habitual del diario EL TIEMPO de Bogotá.