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Un estudio reciente de la Secretaria Técnica de Planificación (STP), “Características del Trabajo y el Sistema de Seguridad Social en Paraguay” (2016), destaca aristas preocupantes del sistema paraguayo de pensiones jubilatorias y el escaso conocimiento de los propios trabajadores acerca de la seguridad social, lo que pone de manifiesto la falta de planificación en la vida de los trabajadores para disfrutar de una vejez digna.
La investigación toma una muestra de unos 15.000 casos de personas de 15 y más años de edad en todo el territorio nacional en 2015. Como era de esperar, la misma revela una muy baja cobertura de la seguridad social. Apenas el 16,7% de la población está inscripta en el IPS o alguna caja de jubilación. Si se considera únicamente la población ocupada, la cantidad de personas aseguradas llega a solo 23%. Además, la densidad de cotización, que hace referencia a los meses de aportes con relación al total de meses trabajados, es de solamente 16,3%.
Esta escasa cobertura es explicada por la alta informalidad del mercado laboral, la debilidad de fiscalización de la institución responsable de las pensiones y lo poco que la población sabe sobre el sistema de la seguridad social.
En efecto, la citada investigación revela que el 83,8% de la población no conoce el porcentaje que se deduce del salario como aporte jubilatorio, cuando las cuotas del empleado y del empleador constituyen la base de la pensión de vejez que el trabajador recibirá una vez que cumpla la edad de jubilación y los años de aporte requeridos. No resulta extraño, entonces, que el 90,8% no conozca cómo se calcula el importe que recibirá cuando le corresponda jubilarse. Es más, los entrevistados ignoran, incluso, la edad a la que el asegurado puede acogerse a los beneficios de la jubilación. Solo el 22,6% de las personas encuestadas dijo conocer la edad de retiro laboral.
Otro aspecto llamativo es la incertidumbre de los trabajadores acerca del momento de su vida en que tendrá la oportunidad de salir del mercado laboral. De acuerdo con el estudio mencionado, el 43,3% de los asalariados no sabe a qué edad podrá retirarse y el 39,4% está dispuesto a seguir trabajando hasta que su salud le permita, antes de acogerse a la jubilación. Tenemos, así, que el 82,7% de la población probablemente seguirá trabajando más allá de la edad de jubilación.
El principio de la seguridad social se vincula, principalmente, con la capacidad financiera para cubrir las necesidades propias de la vejez. El estudio de la STP revela que el 25% de la población piensa que su vejez podrá ser solventada con la contribución de los hijos, cifra que llega a 32,1% en el área rural. Y otro 25% no tiene pensado cómo financiará su vejez. Esto significa que la mitad de la población no tiene definido un plan para financiar sus necesidades básicas cuando llegue a la edad de retirarse del trabajo. Solo el 15,9% de las personas que viven en zonas urbanas piensa financiar su vejez con una jubilación o pensión del Estado.
Estos datos son reveladores de la deficiencia del sistema jubilatorio y la indefensión de los trabajadores que ya no pueden seguir activos por su edad, pero tienen derecho a una vejez digna.
El IPS y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social tienen grandes desafíos para aumentar la cobertura de la seguridad social. Al mismo tiempo de exigir a las empresas la formalización del mercado laboral, deberían emprender una campaña educativa sobre la importancia de planificar el ciclo de vida de los trabajadores, con énfasis en el derecho a la jubilación. Por su parte, las centrales sindicales deben privilegiar en sus reivindicaciones básicas el derecho al sistema de seguridad social y la jubilación.
La pensión para adultos mayores en situación de pobreza es apenas un paliativo para las familias carenciadas. Las políticas públicas deberían enfocarse en expandir y profundizar la seguridad de los trabajadores asalariados y en impulsar el sistema de seguridad para los trabajadores independientes, para mejorar el bienestar social de la población adulta en edad de retiro laboral.
(*) Economista y exministro de Hacienda, 2003-2005 y 2008-2012.