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Este proyecto de ley pretende dar completa discrecionalidad al Monopolio estatal para contratar servicios, comprar bienes y materiales, erogar y distribuir bienes; chocando frontalmente con la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, que regula a todas las oficinas y empresas estales y mixtas, ministerios, universidades, etc. La Ley de Contrataciones Publicas existe justamente para evitar la discrecionalidad en los entes públicos, para combatir la corrupción y controlar el manejo de los bienes y recursos del Estado que legítimamente le pertenece a cada uno de los ciudadanos paraguayos. Cuesta imaginarse cómo de corrupto sería el monopolio estatal ANDE si gozara de la total discrecionalidad de contrataciones, si a pesar de tener que someterse a todos los controles y procesos de la DNCP, los casos de corrupción, robo y malversación de bienes abundan en su largo historial.
Los sindicalistas inútilmente argumentan que la Ley de Contrataciones Públicas y la DNCP obstaculizan el desarrollo de los proyectos de infraestructura y el desempeño de la institución. Parecen olvidar que más del 60% de todos los proyectos del monopolio fueron, y aún son, financiados por los entes multilaterales (Banco Mundial, BID, Bancos Europeos, CAF, etc.), cuyos procesos de compra y contratación no se rigen por la Ley de Contrataciones Públicas, sino por los reglamentos de los Bancos.
Sin embargo, la incapacidad, la desidia y la inoperancia administrativa de la ANDE se agudizan aún más en aquellos proyectos que no son ejecutados a través de la DNCP. Un claro ejemplo es el préstamo del BIRF (Banco Mundial) de US$ 100.000.000 que se le dio a la ANDE en el año 2012 y con fecha de terminación para diciembre de 2015. El año pasado, la ANDE pidió una prórroga para extender el tiempo del préstamo, puesto que hasta esa fecha solo había ejecutado el 18% del mismo. ¿Qué hizo la ANDE con US$ 100 millones en el banco por tres años? ¿Cuántos intereses fueron pagados por no ejecutar los proyectos y dejar ese inmenso capital durmiendo por tantos años?
La inoperancia y la burocracia interna de la estatal se extienden también a los procesos para gestionar sus créditos con las multilaterales que nada tienen que ver con la DNCP. Por ejemplo, el mencionado crédito del BIRF de US$ 100 millones tuvo un proceso de 500 días solo para obtener el crédito, y el mismo no fue ejecutado durante otros 1.095 días. Esto debido, NO a las trabas de la DNCP, sino a la desidia, la burocracia y la inoperancia de las diferentes administraciones de la ANDE. Otros claros ejemplos son el préstamo de la CAF de US$ 95 millones (658 días de gestión); préstamo del BID/BEI/CAF de US$ 175 millones (800 días de gestión).
Cómo se puede esperar algún tipo de eficiencia del Monopolio si su propia naturaleza estatal, burocrática y corrupta es la raíz de su desidia e inoperancia, que se refleja en el pésimo servicio que brinda a los ciudadanos paraguayos, las grandes pérdidas monetarias debido a los cortes de energía y la mala calidad del suministro; y el ancla que representa para el despegue de la economía paraguaya y la industrialización del país.
El proyecto de ley de los sindicalistas también prevé dotarle de súper facultades al presidente de la ANDE para realizar, con total discrecionalidad, contrataciones, nombramientos y promociones de toda naturaleza. Además, la ley especifica que las resoluciones de la presidencia de ANDE no requerirán de la aprobación ni validación de ninguna otra autoridad. Esto en total contraposición a la actual Ley 1626 de la Función Pública, que justamente regula los procesos y las normativas que rigen la función pública. Esto significa que el presidente de la ANDE queda blindado jurídicamente de todas sus acciones y decisiones sin poder ser siquiera cuestionado y mucho menos ser responsabilizado por las mismas. ¿Qué clase de ley es esta?
Resulta increíble cómo los sindicalistas pretenden una ley que les permita apropiarse completamente del patrimonio energético del Paraguay en confabulación con un pequeño grupo de diputados que prefieren intercambiar votos de los sindicales por una ley sin sentido y que podría resultar de inmenso perjuicio para el desarrollo del país. Esta aberración de proyecto de ley, muy convenientemente, les permite a los líderes sindicales organizar una marcha para “presionar innecesariamente” al resto de los congresistas y poner en zozobra a los ciudadanos paraguayos que desean poder movilizarse libremente, trabajar y producir.
Los legisladores deberían de estar estudiando los procesos de cambios realizados en países exitosos como Chile, Perú y Colombia para intentar producir leyes que faciliten la inversión en el sector eléctrico y ayuden al desarrollo de la industria y el despegue económico del Paraguay; y los empleados públicos del monopolio ANDE, en vez de realizar marchas, deberían estar trabajando arduamente aprovechando los meses de frío para preparar al sistema eléctrico para los meses de verano de gran demanda.
Los ciudadanos paraguayos deben exigir buenas leyes que permitan el desarrollo y no la discrecionalidad de los recursos públicos, y que los empleados públicos de la ANDE presten un mejor servicio, entendiendo que nada es de ellos, sino de todos los paraguayos.
* Recibió el título de ingeniero eléctrico en Temple University, USA, y el título de Máster en Ingeniería en Sistemas de Potencia en Florida International University, USA. Actualmente trabaja como consultor del área de Planificación Energética.
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