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Fallas en la organización de las empresas
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) y las demás empresas del Estado, incluyendo a la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), Petróleos Paraguayos (Petropar), Industria Nacional del Cemento (INC) y Cañas Paraguayas (Capasa) adolecen del mismo problema. Para disminuir los excesos y arbitrariedades se procedió a la eliminación de los directorios, cuyos miembros eran designados por militancia partidaria. Pero, si hubiesen funcionado con criterio profesional, esos directorios podrían haber actuado de contrapeso y control a los presidentes que ahora ejercen el mando individual de las empresas públicas.
La estructura organizacional de las empresas públicas paraguayas no siempre responde a criterios modernos de gobernanza corporativa enfocados en la eficiencia, la eficacia y la transparencia de la gestión. La organización sigue respondiendo, en mayor o menor medida, a criterios clientelares y prebendarios. Antes y durante la transición a la democracia, nadie se ha ocupado de exigir la eficiencia como objetivo de la estructura organizativa, de cuidar el patrimonio de las empresas públicas y de evitar los riesgos fiscales que devienen de las decisiones tomadas por ellas.
En general, el control del Estado de la administración, gestión y expansión de sus empresas ha sido débil. Hasta ahora los controles se circunscriben a los aspectos contables y no abarcan la gestión ni la planificación de mediano y largo plazo. Hubo varios intentos de modernizar las empresas públicas para que ellas mejoren sus servicios y rindan utilidades, pero los resultados fueron pobres en todos los casos.
Algunos gobiernos emprendieron procesos de privatización que terminaron en marcados fracasos. En algunos casos, la detección de conatos de corrupción paró a tiempo la enajenación de empresas que fueron convertidas en sociedades anónimas y quedaron a medio camino de la privatización, actualmente llamadas “sociedades anónimas con participación accionaria mayoritaria del Estado”. Otros gobiernos crearon el Consejo de Modernización, luego el Consejo de Empresas Públicas y, últimamente, el Consejo Nacional de Empresas Publicas regido por la Ley 5058/2013, con limitados impactos hasta ahora.
Escasos criterios económicos en la administración
Las empresas públicas pocas veces han presentado estudios de costos y tarifas. La falta de transparencia y el mal servicio las han llevado a no actualizar sus precios y tarifas. Las entidades de regulación creadas en los sectores de agua y telecomunicaciones honraron muy poco su misión de velar por la eficiencia de las empresas y la protección de los usuarios. Y las empresas no reguladas prácticamente no revelan sus números y estadísticas.
Otra falla agravante son las pérdidas en la provisión de servicios y bienes de Estado, particularmente en la entrega de agua y electricidad. Este problema técnico se menciona en los informes, pero no existe un plan conocido donde las empresas expresen sus compromisos, calculen los costos y definan un cronograma de reducción de pérdidas.
No es posible pensar en eficiencia de los servicios si estos no son planificados de acuerdo con el crecimiento de la economía. La progresiva mayor demanda exige incrementar en forma programada la producción para satisfacer las necesidades de consumo, pero las empresas públicas, pareciera que carecen de planes de expansión y no tienen financiamiento para las inversiones requeridas. Si bien es cierto que, con las recientes emisiones de bonos soberanos, últimamente fueron destinados fondos a algunas de las empresas públicas, en el caso de la energía eléctrica parece que no están siendo cubiertas las necesidades inmediatas de recursos para mejorar la distribución.
Otra fuerte restricción es la acumulación de deudas del propio sector público con las empresas estatales por el consumo de servicios básicos que ellas proveen. El atraso de pagos llega, según un estudio reciente, a US$ 140 millones, de los cuales US$ 100 millones corresponden a la deuda con la ANDE. Para sanear la economía de las empresas públicas no solamente es necesario que dichas deudas sean canceladas, sino también que sean revisados los altos costos administrativos por exceso de funcionarios y beneficios especiales, así como los subsidios abiertos y encubiertos. Estos pasos previos permitirán transparentar los costos, actualizar las tarifas y determinar con mayor racionalidad las transferencias de las empresas al Tesoro.
De acuerdo con la Ley 5058/2013 y su decreto reglamentario, el Consejo Nacional de las Empresas Públicas (CNEP), conformado por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de Industria y Comercio y la Procuraduría General de la República, cumple las funciones de controlar, supervisar y fiscalizar la gestión de las empresas públicas; intervenir en la transformación y adecuación de la conducción general de las mismas; y, participar en el diseño y ejecución de los planes y proyectos de modernización de ellas. Tiene, pues, la obligación de dar a conocer la hoja de ruta de las empresas públicas en lo que resta del periodo de esta administración, para ver si los planes estratégicos apuntan real y correctamente a corregir sus debilidades estructurales, mientras se ocupan de resolver los problemas más urgentes.
dborda@cadep.org.py