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No es medida de tamaño ni de la fortaleza de los activos o patrimonio. El indicador las mide, las considera pero la calificación no se basa exclusivamente en estas variables. Por ejemplo, si fuera por fortaleza, el BNF tendría una calificación superior a la que posee actualmente, pues tiene un respaldo soberano –Paraguay–.
Las calificadoras de riesgo son instituciones esenciales dentro del mercado bursátil, reguladas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Superintendencia de Bancos (SIB), con la misión de calificar la actuación de los agentes financieros para contribuir a la transparencia de las actividades económicas, y generar la confianza en las instituciones de modo a proteger las inversiones nacionales e internacionales. Garantizar la independencia de criterio y el profesionalismo es, por tanto, fundamental para asegurar la buena marcha del sistema financiero.
En sucesivas e inexplicadas publicaciones en la prensa, se ha desacreditado con furia a un actor del sector de las calificadoras en vísperas de una rotación inminente de las calificadoras de riesgo. La ley exigía que cada 5 años, la entidad bancaria, cooperativa o aseguradora –cambie al calificador–; pero desde el año pasado, el BCP/SIB amplió el plazo a 6. Con el recambio, deben entrar nuevos competidores en el mercado, que es el espíritu de la norma. Esta ampliación de plazo no debería ser una oportunidad para que las calificadoras que están en el mercado generen otras nuevas empresas para quedarse con su actual participación de mercado. La norma es similar a la exigencia de rotar periódicamente a los auditores y de esta manera, generar un control indirecto sobre las calificadoras, ya que sus calificaciones podrán ser revalidadas, o no, por un tercero.
La rotación de calificadoras es una política para incrementar la competencia; pero, y sería muy grave, que el resultado sea la creación de acuerdos para limitar la concurrencia o dumping de empresas, donde se combinan los actores del negocio: calificadoras de riesgo, medios de prensa y eventualmente, instituciones financieras, opacando así la transparencia y la salud del mercado financiero.
Otro factor en la calificación de riesgos es la calidad del trabajo desarrollado, la idoneidad. No basta con comprar una marca –empresa– sino que se deben hacer valer los antecedentes en la gestión de calificación de riesgo, que es muy distinta a una labor de auditoría. Esta es una tarea donde la subjetividad de la experiencia (el sujeto evaluador) enriquece el análisis objetivo de los números que aparecen en los balances, en los datos, etc. El calificador debe guardar la prudencia y la ética para resguardar la confidencialidad debida y el respeto profesional a los colegas calificadores. La opinión en medios de prensa sobre el actuar de las calificadoras, generan turbulencias innecesarias en el sector, lo cual debe ser atendido responsablemente por los reguladores.
La búsqueda de perfeccionamiento del mercado financiero, en este caso, hace que las entidades supervisoras tengan equilibrio y midan los efectos de sus facultades. Todo exceso, en este tipo de acciones, bordea –incipientes o declaradas– competencias desleales, extorsión y la mala utilización de los medios de difusión en beneficio de un grupo que no desea perder su cupo de mercado actual o futuro (en el recambio tendrán que entrar nuevos actores, el espíritu actual de la ley).
El escándalo que supone el comportamiento de los últimos meses de los actores relacionados con la calificación de riesgos solo hace opacar el funcionamiento del mercado financiero dejando a los clientes como rehenes de un grupo de interés, que no debería estar con la creencia que es impune en un mercado sensible como es la calificación de riesgos del sector financiero. La crisis financiera del año 1995 es prueba y recordatorio de ello.
En declaraciones de esta semana, Benjamín M. Lawsky, el Superintendente de Servicios Financieros del Estado de New York, dijo: “Los mercados no se manipulan a sí mismos; se requiere la mala acción deliberada de los individuos”.
El país está en una etapa de búsqueda de inversionistas externos, saliendo a vender la marca país. El Gobierno tiene como prioridad la estructuración de bonos en el exterior, la obtención del grado de inversión y la atracción de empresas. No favorece en nada el ruido que se genera en el campo de las calificadoras de riesgo, pues introduce un elemento de incertidumbre innecesario, de cara a los inversionistas extranjeros, que utilizan a las calificaciones como un elemento a la hora de tomar decisiones.
Si a todo este comportamiento desleal se agrega la inseguridad jurídica, emanada en varias resoluciones de Poder Judicial, incluyendo resoluciones de la Corte Suprema, la situación de vulnerabilidad se acrecienta y en especial, tiene efectos negativos para las empresas extranjeras, que no pueden decodificar los escándalos. Por ello, las instituciones deben ser percibidas como transparentes y en defensa de la sociedad.
benegasgladys@gmail.com