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Una columna central de la agenda democrática de recuperación institucional tiene que estar dedicada a los partidos políticos, pues constitucionalmente sobre ellos recae la responsabilidad de competir para asumir la dirección de las instituciones del Estado. Los partidos políticos son un nexo importante entre sociedad y Estado, y sus disfunciones dañan a ambos sectores por igual.
La gran reforma pendiente en Paraguay no es la constitucional sino la de los partidos políticos y sus nefastas formas de operar. Es ahí donde empiezan las distorsiones constitucionales. Cambiar ciertas reglas sin cambiar las mañas es meramente un cambio gatopardista. Convocar a una convención constituyente donde un grupo importante de convencionales sean políticos corruptos sería un grave error. La diferencia con 1991 fue que en esa coyuntura había un imperativo para construir una democracia, ahora se está en un contexto de destrucción.
La situación interna de los partidos es crítica, basta observar sus asambleas generales o convenciones sin reglas eficaces para canalizar el debate político, donde actos de violencia e intolerancia son habituales. Los partidos podrán tener un estatuto formal, pero no tienen una estructura moderna, una gestión democrática y menos un debate programático. Utilizan el concepto “políticas públicas” como una exigencia o demanda política, pero no ofrecen un contenido determinado de las mismas, ni centran el debate político en enfoques que las mismas deberían tener. Si lo hacen, sus programas están llenos de lugares comunes y generalizaciones como “debemos profesionalizar las fuerzas armadas” o “la solución a la reforma agraria pasa por entregar títulos, pero también dar asistencia crediticia y técnica”.
Pero una cosa es el deterioro institucional y el rezago programático, otra la corrupción, que cuando se enraíza cercena las libertades y los derechos de la ciudadanía. De ahí, que una reforma legal de los partidos se vuelve prioritaria.
La corrupción en los partidos se presenta en diferentes esquemas, y un plan que pretenda reducir este problema tiene que ser asimismo de amplio espectro. Una modalidad es el dinero del narcotráfico que fluye en campañas electorales a favor de candidatos que posteriormente darán cobertura a esas actividades ilícitas. Pero otra, es el aprovechamiento indebido del financiamiento público cuyos controles sobre el manejo y destino del dinero son ineficientes. Cuando un partido o grupo político llega a gobernar una administración pública también se genera corrupción en mil y una formas, desde clientelismo político con adjudicación de cargos a sus partidarios hasta enriquecimiento ilícito de la más variada índole e imaginación.
Pero la corrupción no es solamente de índole económica, sino también política. Los manejos desde Mburuvicha Róga sobre el Ministerio Público, el caso del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y de cómo Senadores y Diputados de varios partidos políticos interfieren ilícitamente en expedientes judiciales torciendo la vara de la justicia con amenazas, extorsiones y sobornos, son muestras claras de la culminación de la democracia paraguaya. Desde los principales cargos de elección popular, aquellos a los cuales solo vía los partidos políticos se puede llegar, se organiza, se dirige y se opera la corrupción. El poder político está corrompido.
Los partidos políticos son imprescindibles para la democracia representativa, por eso se hace imprescindible su recuperación democrática. Al ser los partidos políticos personas jurídicas de derecho público (art. 124 Constitución) los criterios de reforma deben satisfacer sus funciones constitucionales de concurrir con integridad a la competencia electoral. La Constitución también demanda que la ley reglamente y asegure el funcionamiento democrático de los mismos (Art. 125). Por tanto, reglas estrictas en materia de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización de bienes, incluso de candidatos a puestos de elección popular son posibles. Pero ante todo, un fortalecimiento de los derechos de sus afiliados y una mayor vinculación programática con la ciudadanía son fundamentales. Por cierto, el régimen político paraguayo cambió en 1989 de dictadura a democracia. El Estado se reformó en 1992 con una nueva Constitución. Pero sigue pendiente contar con partidos políticos adecuados al siglo XXI. La modernidad del Paraguay depende en gran medida de reformar los partidos políticos.
(*) Investigador jurídico independiente. Abogado constitucionalista.