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La modificación convierte en donantes a las personas mayores de 18 años de edad fallecidas. Es de carácter obligatorio, pero con la excepción de que aquellos ciudadanos disconformes deben declararlo expresamente vía nota por escribanía.
Sin lugar a dudas, la promulgación de la Ley Anita es un gran paso, atendiendo a que Paraguay tiene una de las tasas más bajas de donación de órganos. Sin donación no son posibles los múltiples trasplantes requeridos, por ende no hay mejora de calidad de vida para unos 150 compatriotas en lista de espera y otros tantos que desean ingresar a la misma.
Incluso, la vida de muchos de ellos pende de un hilo, por lo que es de vital importancia comprender la necesidad de donar órganos.
La nueva normativa en un gran compromiso que asume el gobierno de “Marito”; por lo tanto, el constante y estresante peregrinar de médicos para conseguir donaciones de insumos y medicamentos para los complejos procedimientos quirúrgicos debe también parar. A través del Ministerio de Salud Pública deben articularse las gestiones necesarias para que un eventual desabastecimiento no sea obstáculo a tan loable iniciativa y así honrar la memoria de los donantes.
Desde el gobierno central se debe garantizar el apoyo necesario, sea en infraestructura, equipamiento médico y recursos humanos; apostar a la formación de más profesionales en el área y a capacitarlos para avanzar en otros tipos de implantes, como el de pulmón y páncreas. Asimismo, dotar de más camas de terapia intensiva a los hospitales que llevan la posta en cuanto a trasplantes.
Tampoco se debe descuidar la provisión de medicamentos, que de por vida deben consumir los pacientes trasplantados. Paralelamente se debe apostar a la prevención y control de enfermedades que al complicarse llevan a situaciones límites, como necesitar de un trasplante.
antonia@abc.com.py