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Han pasado prácticamente dos años y medio sin que los responsables del caso por parte del Estado, específicamente algunos organismos del Poder Ejecutivo como la Procuraduría General de la República, puedan siquiera instalar el correspondiente tribunal de arbitraje que debe estudiar la cuestión planteada contra los compradores de la acería que funciona en Villa Hayes.
Ahora que se vienen de nuevo los tiempos electorales, que como las voraces plagas de langostas que azotaban nuestros campos en otros tiempos impiden hoy las decisiones importantes y saludables para la nación, seguramente la situación del caso Acepar seguirá en el molde, enterrado en el olvido, pero en un olvido sospechoso y probablemente premeditado.
No es aceptable que un Gobierno que se precie de serio deje pasar tanto tiempo sin hacer nada y sin dar ninguna explicación a la ciudadanía en relación a un asunto que compromete no solamente millones de dólares del patrimonio nacional, sino la suerte de más de mil empleos directos que representa esta siderúrgica chaqueña, que fue mal vendida desde el inicio (1997), a un precio de apenas 35 millones de dólares y en largas cuotas pagaderas en casi 12 años (en tiempos aún de la dictadura se llegó a gastar unos 400 millones de dólares en la fábrica, aunque luego el Estado terminó pagando menos, unos 107 millones de dólares, en una operación que incluyó títulos de la deuda brasileña).
Esta industria es además estratégica para el país, pues debe surtir, si trabaja en forma, a otro sector fabril, como el metalúrgico, que es una de las actividades manufactureras básicas para el desarrollo de la economía a gran escala.
Sería interesante que nuestro “olvidadizo” Poder Ejecutivo se pusiera a medir cuánto daño ha causado al mercado local con la actitud que mantiene con respecto a Acepar en este lapso de más de dos años, incluyendo las divisas que se escurren por la cada vez mayor importación de productos de acero que debe hacerse para surtir a nuestras metalúrgicas y a la industria de la construcción.
El Gobierno no debe olvidar que el 9 de noviembre de 2009, cuando anunció su decisión de demandar la rescisión del contrato de compraventa de Acepar, había alegado graves incumplimientos de varias cláusulas asumidas por los compradores en 1997, entre las cuales se incluyen las referidas a la defensa del medio ambiente. Es decir que el tema Acepar va más allá de lo meramente económico o productivo, pues puede estar afectando el ecosistema circundante y, lo que podría ser peor, la salud de obreros de la siderúrgica y de la población cercana a la fábrica.
“Esto es escandaloso por donde se lo mire y no lo podemos aceptar”, dijo en aquel entonces el presidente Fernando Lugo en un comunicado sobre el caso, agregando que “los compradores no cumplieron con lo establecido en el contrato y, por lo tanto, ese patrimonio debe volver al Estado paraguayo”.
Evidentemente, ya se ha olvidado de todo eso.